La Contraloría General de la República ha detectado una serie de inconsistencias en el registro y control de 9.653 inmuebles fiscales. Esto, según detallaron, tras realizar un análisis nacional que cruzó información del Ministerio de Bienes Nacionales y de 109 organismos públicos centralizados.
Así, de acuerdo al reporte (CIC N°27) del ente fiscalizador, detectaron por una parte 3.238 inmuebles registrados en la contabilidad de distintos organismos públicos sin contar con una destinación vigente otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales. En esto, detallaron, hay propiedades valorizadas en más de $451 mil millones.
Junto con esto, Contraloría también detectó 6.415 inmuebles que sí cuentan con destinación vigente, pero que no han sido incorporados en los registros contables de los respectivos servicios.
Al respecto, desde la organismo advirtieron que ambos casos pueden afectar la integridad y confiabilidad de la información financiera del sector público, además de dificultar una adecuada gestión y control del patrimonio fiscal.
Según se detalla en el reporte, entre los organismos que concentran los mayores montos asociados a inmuebles sin destinación vigente se encuentra la Dirección de Obras Portuarias (31 inmuebles, por un monto de $87.508.902.107), la Policía de Investigaciones de Chile (61 inmuebles, $75.864.808.213) y el Hospital de Carabineros (43 inmuebles, $59.207.855.289).
Asimismo, la mayor cantidad de inmuebles con destinación vigente y sin registro contable corresponde a organismos dependientes del Ministerio del Interior (2.074 inmuebles), Ministerio de Defensa Nacional (1.411) y Ministerio de Obras Públicas (1.381).
Ante estos resultados, la Contraloría instruyó la adopción de una serie de medidas para regularizar las situaciones detectadas:
En primer lugar, se oficiará a los servicios involucrados para que regularicen las situaciones observadas en un plazo de 90 días, en el registro contable de los inmuebles.
Asimismo, también se oficiará al Ministerio de Bienes Nacionales para la regularización y formalizaciones de las respectivas destinaciones.
Finalmente, se efectuará el seguimiento de las medidas dispuestas y, de no verificarse el cumplimiento de lo instruido, se fiscalizará y/o se ordenarán los procedimientos disciplinarios que correspondan.