Bajo techo, en la maestranza de la Dirección de Vialidad en Cerrillos, permanecen camiones nuevos que no están en uso operativo,
En abril de este año, de los 43 camiones, 37 de ellos seguían sin uso, esto lo constató Contraloría. Algunos no tenían la grúa que debían cargar; otros fueron rechazados por observaciones al trabajo realizado en sus chasis y plataformas. Para evitar su deterioro, Vialidad informó al organismo que funcionarios elegían diez al azar cada mes para revisarlos y encenderlos. Modelo que llama profundamente la atención considerando el costo de los camiones.
La compra buscaba renovar la flota del servicio, pero la primera luz vino por el retraso en su entrega. El contrato, firmado el 28 de diciembre de 2023, establecía que cuatro camiones debían entregarse en diez días y los restantes, en 18. Los primeros cuatro llegaron en enero de 2024; otros 22 fueron recibidos a fines de julio, con cerca de seis meses de atraso, y los últimos 17, en noviembre, más de nueve meses después del plazo comprometido.
Contraloría inició la investigación tras recibir una denuncia anónima. En un informe de noviembre de 2025 detectó falencias en el proceso, y en un seguimiento realizado en abril de este año, advirtió que varios problemas seguían pendientes.
Imágenes obtenidas por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío muestran que parte de los camiones continúa en el mismo lugar. Consultado por la cifra actualizada de vehículos sin uso y otros aspectos del caso, el Ministerio de Obras Públicas declinó referirse al tema debido a las acciones judiciales en curso entre el Estado y la empresa.
Los mismos camiones fueron aprobados y después rechazados
El 26 de noviembre de 2024, una comisión de Vialidad dio por recibidos y aprobados los últimos 17 camiones. Tres meses después, otros funcionarios del mismo servicio los revisaron y observaron problemas en las extensiones de los chasis y en las soldaduras.
La licitación exigía vehículos nuevos, sin componentes reacondicionados, y una plataforma de carga de al menos seis metros. Beiben había asegurado en su oferta que cumpliría esos requisitos.
La empresa reconoce que los camiones llegaron con plataformas de unos 5,5 metros, pero afirma que la propia Dirección de Vialidad pidió alargarlas hasta los 6,1 metros. Según Beiben, el trabajo fue supervisado por personal del MOP antes de que la primera comisión aprobara los vehículos.
En abril de 2025, Vialidad anuló la recepción de los 17 camiones, que permanecen impagos. Beiben reclamó la decisión, pero el servicio rechazó el recurso, de hecho, en una resolución, Vialidad señaló que Contraloría tampoco había formulado reparos en mayo de este año.
De hecho, en agosto pasado la Dirección de Vialidad constituyó una tercera comisión para revisar los vehículos. Documentos obtenidos por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío muestran que 15 fueron inspeccionados en la maestranza del servicio y los otros dos en dependencias de Beiben, aunque las bases exigían que la revisión se realizara en instalaciones de Vialidad, punto que claramente se incumplió.
La comisión concluyó que las soldaduras no cumplían la norma y que la plataforma carecía de los apoyos necesarios en la zona de mayor esfuerzo, lo que, según el informe, generaba riesgo de accidentes. También determinó que el trabajo había sido realizado por un taller externo, pese a que el contrato prohibía de forma clara y directa la subcontratación, y que el informe de ese taller no tenía firma ni certificación del fabricante, punto que vulnera el contrato y las bases de la misma licitación.
Los funcionarios agregaron que, al ser intervenidos después de su entrega, los camiones dejaron de cumplir con la exigencia de ser nuevos y no tener componentes reacondicionados. Frente a ello la comisión resolvió rechazarlos. Así, los mismos vehículos aprobados en noviembre de 2024, después de una modificación que la empresa atribuye a una solicitud de Vialidad, fueron todos rechazados en una revisión posterior.
Beiben sostiene que los camiones “fueron efectivamente entregados nuevos, no usados ni reacondicionados”. Su gerente comercial, Gabriel Uribe, afirmó que, “a petición de Vialidad”, la empresa realizó cambios y ajustes, y que también recibió solicitudes para deshacerlos. “No hay claridad de las condiciones en que se necesitan los vehículos”, planteó.
Consultado por esas afirmaciones, el MOP declinó responder debido a las acciones judiciales pendientes.
Veinte camiones esperan la instalación de sus grúas
Los otros 20 vehículos enfrentan un problema distinto. Vialidad los compró sin las grúas que debía llevar, con la idea de instalarlas después. El Estado ya pagó más de $2.150 millones por ellos, pero en abril pasado todavía no podían ser utilizados para el fin que se compraron.
Ante la Contraloría, el servicio defendió la decisión con el argumento de que, cuando se licitan camiones equipados, las empresas suelen ofrecer grúas de menor calidad para poder reducir el precio. Sin embargo, Vialidad reconoció que no tenía antecedentes para respaldar esa estrategia.
Aunque desde diciembre de 2023 se sabía que los vehículos llegarían durante el 2024, el servicio no gestionó la compra de las grúas hasta marzo de ese año, lo que consta en correos internos de la entidad. En febrero de 2025 aún no las había solicitado a la Dirección de Presupuestos.
Vialidad incorporó los recursos en su propuesta de presupuesto para 2026, pero no quedaron en el monto finalmente aprobado. El servicio informó a Contraloría que insistiría con la solicitud durante este año.
En abril, el organismo fiscalizador advirtió que Vialidad no había demostrado que sus gestiones fueran suficientes para poner los camiones en servicio durante 2026, “especialmente de aquellos cuya habilitación continúa supeditada a la aprobación de recursos presupuestarios”.
Mientras esperan, sigue corriendo la garantía de 36 meses. Si los camiones presentan fallas de fábrica cuando comiencen a operar, el Estado podría terminar pagando reparaciones que debía cubrir la empresa.
Vialidad cobró una multa 39 veces menor
El contrato establecía una multa de 10 UF por cada camión y por cada día de atraso, con un tope de 100 UF. La forma de aplicar ese límite es parte del conflicto judicial entre Vialidad y Beiben.
Según Contraloría, el tope correspondía a cada vehículo. Como 39 camiones fueron entregados fuera de plazo, la multa debía sumar 3.900 UF, sin embargo, en noviembre de 2024 Vialidad aplicó el límite una sola vez, considerando en conjunto el atraso de todos los vehículos, y cobró 100 UF.
El organismo estimó que esa decisión significó un ingreso no percibido de 3.800 UF, equivalente a $145.293.912. Vialidad justificó el cálculo señalando que había seguido el criterio de la unidad jurídica de la Subsecretaría de Obras Públicas y que solo conoció el monto de 3.900 UF a través del informe de Contraloría.
El organismo fiscalizador rechazó esa explicación al señalar que la decisión correspondía a Vialidad, no a la Subsecretaría, y constató que una minuta interna de la propia Dirección había calculado la multa total en 3.900 UF.
El contrato también permitía a Vialidad ponerle término si las multas superaban las 90 UF y cobrar la garantía de fiel cumplimiento, de $210 millones. El servicio explicó que no evaluó esa alternativa por los costos que una nueva licitación podía significar para el Estado.
En noviembre de 2025, tras el informe de Contraloría, Vialidad aplicó a Beiben una nueva multa por las 3.800 UF restantes. La empresa presentó dos reclamos, rechazados en febrero y marzo. La multa quedó firme, pero Beiben no la pagó.
Contraloría formuló además un reparo por ese monto, lo que dio origen a un juicio de cuentas. En ese proceso, los funcionarios que resulten responsables podrían tener que devolver de su propio bolsillo las 3.800 UF. La causa sigue en curso.
Sumario pendiente y demandas entre el Estado y Beiben
En su informe de noviembre de 2025, Contraloría ordenó a Vialidad iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades por los camiones sin uso, la falta de recursos para habilitarlos, el control del contrato y el cálculo de la multa.
En abril de este año, el organismo constató que el servicio aún no acreditaba el inicio del procedimiento. Vialidad informó que había abierto dos sumarios en marzo de 2025 sobre la licitación, pero Contraloría advirtió que no se había demostrado que incluyeran los hechos observados en su informe. Por eso reiteró la orden y dio al servicio 15 días hábiles para cumplirla.
En junio, el Consejo de Defensa del Estado demandó a Beiben para cobrar las 3.800 UF pendientes. En la presentación, el propio Estado reconoció que la primera multa se cobró “en el erróneo entendido” de que el límite de 100 UF se aplicaba al conjunto de los camiones y no a cada uno.
La empresa sostiene que la cláusula era confusa y que ya pagó la multa en 2024, por lo que no correspondería sancionarla dos veces por el mismo atraso. “Un cambio de interpretación de las bases de licitación no causa un perjuicio al Estado”, respondió Uribe, quien agregó que Beiben no redactó esas bases y que no se le podía atribuir un cobro posterior por una infracción que ya había sido sancionada.
La compañía también contrademandó al Estado por unos $2.257 millones, principalmente por los 17 camiones que no le han pagado, además de intereses y el costo del factoring.
El conflicto entre Vialidad y Beiben sigue en sus primeras etapas judiciales, mientras parte de los camiones permanece en la maestranza de Cerrillos sin ser utilizados, pese a la gran inversión desarrollada.
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