La Contraloría General de la República (CGR) detectó deficiencias en la gestión de residuos sólidos domiciliarios, particularmente en las condiciones de los sitios donde se realiza su disposición final. Según el organismo, , situación que podría generar riesgos ambientales, sanitarios y financieros.
Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 28, elaborado a partir de información correspondiente al período 2022-2025 y que consideró a las 345 municipalidades del país. Para el análisis se utilizaron registros del Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), además de información proporcionada por organismos públicos vinculados a la gestión ambiental y sanitaria.
Dentro de las instalaciones que no cuentan con autorización sanitaria vigente, predominan los vertederos y basurales de operación municipal o mixta. lo que evidencia las condiciones críticas en que operan parte de estos recintos.
El informe también advierte sobre la concentración de la disposición final de residuos en un número reducido de instalaciones. En particular, tres rellenos sanitarios reciben desechos provenientes de comunas que representan el 24% del total nacional y concentran el 33% de las toneladas generadas en el país. En tanto, 12 sitios reciben residuos del 59% de las comunas y concentran el 64% de las toneladas generadas a nivel nacional.
Entre los casos destacados por el organismo se encuentra el vertedero Morrompulli, en la Región de Los Ríos, que recibe residuos de todas las comunas de esa zona. También figura el vertedero Curaco, en Osorno, cuya vida útil restante se estima en solo un año.
A las deficiencias en la disposición final se suma la falta de planificación regional. De acuerdo con el CIC, Asimismo, se identificó la situación de Sierra Gorda, donde un relleno sanitario construido con recursos públicos no se encuentra operativo y los residuos continúan siendo dispuestos en instalaciones que no cumplen con los estándares técnicos y ambientales actualmente exigidos.
El reporte también constató que el 82% de las municipalidades no informó, en al menos uno de los períodos analizados entre 2022 y 2024, antecedentes sobre la recolección, valorización y/o eliminación de residuos domiciliarios en el RETC, pese a que se trata de información necesaria para monitorear la gestión de estos desechos.
Ante estos resultados, la Contraloría anunció una fiscalización de alcance nacional para evaluar los riesgos ambientales, sanitarios y financieros asociados al manejo de residuos sólidos domiciliarios, además de revisar la operación de la infraestructura disponible, la calidad de la información reportada y el cumplimiento de la normativa vigente.
También oficiará a las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para que informen sus planes de fiscalización para el período 2026-2027 y adopten las medidas correspondientes.