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Confidencialidad y control de comunicaciones: los alcances del acuerdo con OpenAI y las alertas por la soberanía digital

Confidencialidad y control de comunicaciones: los alcances del acuerdo con OpenAI y las alertas por la soberanía digital

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“Un memorándum no vinculante no es un contrato, es una declaración de intenciones con logo”. Así resume Gonzalo Álvarez, doctor en Derecho y director del Programa de IA & Legaltech de la U. Central, los alcances del acuerdo suscrito el pasado lunes entre la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y OpenAI, la compañía liderada por Sam Altman.

La iniciativa, denominada “OpenAI for Chile”, fue anunciada como una oportunidad para modernizar el Estado mediante inteligencia artificial. Sin embargo, el documento de tres páginas deja abiertas interrogantes sobre sus beneficios concretos, y la eventual dependencia tecnológica que podría generar.

El memorándum no compromete inversiones, licencias gratuitas ni infraestructura en territorio nacional. Tampoco establece montos, plazos de implementación o instituciones beneficiarias. En cambio, contiene dos disposiciones jurídicamente vinculantes,, salvo aquellas exigidas por ley.

Con respecto esto, el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, lo cuestiona y argumenta que el Estado chileno se rige por el principio de publicidad. “Que un ministerio deba pedir autorización a una empresa privada extranjera para comunicar aspectos de un acuerdo sobre políticas públicas o uso de recursos, invierte la lógica del control ciudadano y vulnera el derecho al acceso a la información”.

Para Álvarez, esta diferencia resulta particularmente llamativa. “Lo paradójico es que en un memorándum donde nada obliga, y lo único vinculante es cómo se puede hablar de él”. Aunque reconoce que estas cláusulas son habituales en acuerdos con privados, advierte que el problema podría trasladarse a la gestión comunicacional del ministerio.

Por ello, plantea publicar los planes de trabajo, las actas de la instancia conjunta y los futuros contratos. Una preocupación que comparte Camilo Garrido, experto en IA y académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la U. Mayor. A su juicio, una interpretación amplia de la cláusula de comunicaciones podría retrasar la publicación de información sobre los avances o resultados de un piloto.

El riesgo de una dependencia tecnológica

Uno de los puntos que despierta mayores cuestionamientos es la creación de una instancia conjunta, denominada Joint Task Force, integrada por representantes del Ministerio de Ciencia y OpenAI. Este equipo sesionaría mensualmente para revisar prioridades, planes de implementación, capacitaciones y eventuales aplicaciones de IA en organismos públicos. Aunque sus atribuciones se limitan a formular recomendaciones, sin facultades para comprometer recursos, los especialistas advierten que su influencia podría ir más allá de lo establecido formalmente.

“En política pública quien redacta la recomendación muchas veces termina escribiendo la decisión”, enfatiza Álvarez. Según el académico, si los resultados de la iniciativa se evalúan en función de la adopción de herramientas, existe el peligro de que las necesidades del Estado terminen subordinadas a los productos disponibles. “Esto hace que cambiarse después cueste muchísimo”, advierte.

Garrido coincide en que la dependencia puede comenzar incluso durante las primeras experiencias piloto. Para evitarlo, proponen que el Estado defina previamente sus necesidades, compare proveedores y garantice la interoperabilidad de sus sistemas. Álvarez añade que la definición de prioridades debería incorporar a la academia, al CENIA y a la sociedad civil, antes de convocar a empresas tecnológicas.

Consultados por los alcances del memorándum, , argumentando que permitirá a Chile acceder a conocimientos, capacitación para funcionarios públicos, instancias mensuales de trabajo conjunto y oportunidades de apoyo a startups nacionales, sin comprometer recursos ni asumir obligaciones financieras.

Según explicaron, se trata de un marco de cooperación y no de un contrato de adquisición de servicios, por lo que cualquier iniciativa futura deberá evaluarse por separado, considerando sus costos y condiciones. Respecto de las cláusulas de confidencialidad y aprobación previa de comunicaciones, la cartera sostuvo que son disposiciones habituales y recíprocas, que también impiden a OpenAI utilizar el nombre o logotipo del ministerio sin autorización. Asimismo, aseguraron que estas restricciones no afectan las obligaciones de transparencia, pues excluyen expresamente la información pública y aquella cuya divulgación sea exigida por ley.

Sobre la tramitación del documento, precisaron que fue revisado y autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, descartaron que exista un trato preferente hacia OpenAI, señalando que el acuerdo no constituye una licitación ni establece exclusividad. Como ejemplo, mencionaron el memorándum suscrito con ElevenLabs el 11 de noviembre y la participación de nueve empresas, entre ellas Microsoft, Google y Amazon Web Services, en la iniciativa Stack Público.

Datos públicos y soberanía digital

La protección de información estatal constituye otra de las principales preocupaciones. Si bien el memorándum menciona principios de privacidad, seguridad y supervisión humana, no determina dónde se procesarán los datos ni establece condiciones específicas de almacenamiento.

Lyon, por su parte, plantea que este acuerdo plantea un desequilibrio de compromiso entre ambas partes. “El Estado se amarra con cláusulas de confidencialidad estrictas, pero OpenAI no garantiza nada concreto. Dicen que es gratis, pero el mismo acuerdo abre la puerta a que los ministerios terminen pagando por proyectos específicos más adelante. Esa es la información que la confidencialidad está ocultando hoy", manifiesta.

Garrido plantea que los futuros contratos deberán precisar qué información podrá utilizarse, quién tendrá acceso a ella y bajo qué legislación operarán los sistemas. También propone prohibir su utilización para entrenar modelos, establecer mecanismos de eliminación verificable y garantizar auditorías. “Para la información más sensible, el Estado debería evaluar si corresponde exigir que se procese en Chile o en infraestructura bajo su control”, sostiene.

Álvarez, por su parte, advierte sobre la necesidad de incorporar desde el comienzo estándares exigentes de protección de datos, considerando la implementación pendiente del nuevo marco regulatorio chileno. Entre sus propuestas figuran la retención cero de información, evaluaciones de impacto, auditorías independientes y cláusulas que permitan cambiar de proveedor. “Soberanía digital no es autarquía, es mantener la capacidad de elegir y de irse”, resume.

El documento también vincula la iniciativa con el Frontier SI Capability Package, identificado como un paquete tecnológico prioritario para el Departamento de Comercio estadounidense. Esta referencia agrega una dimensión internacional al debate sobre la autonomía tecnológica chilena, aunque el memorándum no establece exclusividad ni acredita transferencias de información estatal.

Pese a sus reparos, ninguno de los especialistas descarta que la colaboración pueda generar oportunidades. El acuerdo contempla capacitación de funcionarios, apoyo a emprendimientos y posibles aplicaciones en salud, educación e investigación.

Su utilidad, alude Garrido, deberá evaluarse mediante resultados verificables. Por ejemplo, si un organismo utiliza IA para revisar documentos, debería medir el tiempo ahorrado, los errores producidos y la supervisión humana necesaria. “Para evaluar el beneficio, hay tres preguntas simples: ¿qué se hizo?, ¿cuánto costó? y ¿qué mejoró para los funcionarios y la ciudadanía?”, remarca. Álvarez, sin embargo, insiste en que los beneficios reales dependerán de las negociaciones posteriores. “Ahí el Estado tiene que negociar como un comprador sofisticado y no como un cliente agradecido”, concluye.

Esta polémica se enmarca en la crisis que se vive al interior del Ministerio de Ciencia, y que ya es tema de preocupación para el gobierno. Recientemente, el subsecretario segegob, Gonzalo Arenas, manifestó que “la ministra Lincolao viene llegando de un viaje extranjero y van a coordinar las agendas (con Claudio Alvarado) para concretar esa reunión lo antes posible (...). No sé cuál va a ser el tenor de la reunión, pero se va a concretar durante el día”.

Fuente: Nacional La Tercera

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