El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, tratado conocido como Convención de Belém do Pará, expresó su preocupación por las dilaciones en los procesos judiciales contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y del exdiputado Francisco Pulgar.
El primero, fue formalizado por violación sexual y abuso sexual contra una funcionaria bajo su autoridad, y el segundo, acusado de violación y abuso sexual reiterados contra una niña de 13 años.
En el caso de Monsalve, la audiencia de preparación del juicio oral, prevista para principios de octubre de 2026, fue reprogramada para marzo de 2027. Asimismo, se flexibilizó la medida cautelar de arresto domiciliario total a nocturno, decisión que posteriormente fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Respecto a Pulgar, el juicio por hechos denunciados en mayo de 2021 fue aplazado hasta noviembre de 2027.
En noviembre de 2024, el órgano se pronunció sobre el caso del exsubsecretario mediante un comunicado en el que instó a las autoridades a actuar con transparencia, celeridad y debida diligencia reforzada. A dos años de ese llamado, el comité expresa su preocupación por los aplazamientos en ambos casos y reitera que una respuesta judicial oportuna es fundamental “para garantizar el acceso efectivo a la justicia en casos de violencia contra las mujeres y las niñas”.
Rebaja de penas
Además, se pronunció por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, por el cambio de criterio del Ministerio de Justicia, liderado por Fernando Rabat, lo que desató la mayor crisis de la actual administración del Presidente José Antonio Kast.
“Esta situación, que se suma a las preocupaciones antes señaladas, pone de relieve las brechas que persisten en la respuesta institucional frente a la violencia sexual”, dice una declaración del órgano
En este sentido, el Comité recuerda que el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, de la cual Chile es Estado Parte, establece que los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (inciso b), así como en “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos” (inciso f).
El comité, asimismo, hizo un llamado a las autoridades del Estado chileno, en especial al sistema judicial y al Ministerio Público, “a garantizar que los procesos en curso se tramiten con celeridad, transparencia y debida diligencia reforzada, evitando dilaciones que comprometan el acceso efectivo a la justicia, y a asegurar la protección integral de las denunciantes”.