Una extensa discusión sobre el financiamiento del proyecto de Sala Cuna Universal derivó este martes en un enfrentamiento reglamentario entre diputados, durante la sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara.
La controversia se concentró en una indicación que buscaba establecer que el aporte del fondo cubriera íntegramente la matrícula y mensualidad del servicio, además de trasladar al empleador las diferencias asociadas a prestaciones adicionales.
La instancia, que sesionó desde las 10.00 hasta cerca de las 19.30 horas, inició el estudio en particular de la iniciativa en segundo trámite constitucional y con urgencia de discusión inmediata.
Fue durante la revisión del artículo 205 cuando surgieron las diferencias entre los parlamentarios y el Ejecutivo respecto de cómo abordar el eventual copago que deberán asumir las familias.
La indicación número 11, presentada por la diputada Gael Yeomans (FA), junto a los diputados Luis Cuello (PC), Patricio Pinilla (DC), Héctor Ulloa (Ind-PPD) y Nelson Venegas (PS), proponía reemplazar el artículo 205 para establecer que el aporte de sala cuna financiado por el fondo fuera suficiente para cubrir íntegramente la matrícula y la mensualidad.
El texto también establecía que los establecimientos que recibieran esos recursos no podrían cobrar montos adicionales por ambos conceptos. En caso de existir diferencias derivadas de servicios adicionales, estas quedarían a cargo del empleador, quien tendría que pagar directamente al establecimiento. La propuesta contemplaba, además, que esos aportes pudieran incorporarse a contratos o instrumentos colectivos, y que su falta de pago constituyera un incumplimiento de la obligación de sala cuna.
La fórmula del Ejecutivo y las diferencias por el copago
La discusión se abrió luego de que el diputado Ulloa consultara al ministro del Trabajo, Tomás Rau, si el gobierno tenía otra fórmula para evitar un copago sin límite o restringirlo a servicios adicionales a la prestación básica.
El secretario de Estado respondió que el Ejecutivo había trabajado con los parlamentarios y con la Dirección de Presupuestos (Dipres)para acercar posiciones, pero que, hasta ese momento, la propuesta consistía en utilizar el Registro Social de Hogares para focalizar un subsidio equivalente al 50% del copago en las familias pertenecientes al 50% más vulnerable.
“”, explicó Rau. Luego agregó que mantenía su disposición a continuar las conversaciones, aunque precisó que esa era la alternativa presentada por el gobierno.
La diputada Yeomans reconoció la disposición del ministro para dialogar, pero cuestionó que no se hubiera alcanzado un entendimiento en materia de financiamiento. A su juicio, la propuesta de su sector apuntaba a que el fondo cubriera la matrícula y mensualidad, mientras que los cobros adicionales pudieran ser objeto de copago, con un límite establecido.
“Y lo otro era que tuviera un techo, cosa que no sucede. O sea, acá, respecto a esta herramienta, ”, advirtió.
La parlamentaria también cuestionó que el fondo no incorporara al sector público, lo que, según su argumento, podría generar diferencias entre los niños y trabajadores que accedan a establecimientos públicos y quienes tengan recursos para financiar los cobros adicionales.
Yeomans atribuyó la falta de acuerdo a diferencias que, a su juicio, excedían la voluntad del Ministerio del Trabajo y apuntó al rol de Hacienda en las conversaciones sobre el financiamiento. “”, acusó.
Cuestionamientos por la admisibilidad de la indicación
Desde otra perspectiva, la diputada Ximena Ossandón (RN) cuestionó la admisibilidad de la indicación, al considerar que la redacción comprometía decisiones presupuestarias.
“”, consultó durante la sesión.
El presidente de la comisión, el diputado José Meza (Republicanos), recogió ese cuestionamiento y anunció que declararía inadmisible la propuesta, invocando el artículo 65 de la Constitución. En su argumentación, sostuvo que las atribuciones parlamentarias en materia de seguridad social y gasto público tienen límites y que corresponde al Ejecutivo disponer de la información sobre las finanzas estatales.
“Sería, por nuestra parte, voluntarista pretender que porque nosotros establezcamos un gasto superior este automáticamente va a estar financiado”, expresó Meza, antes de someter la decisión a reclamación.
Yeomans impugnó la resolución. Argumentó que la indicación no establecía cómo distribuir los recursos del fondo ni modificaba una cotización, sino que buscaba garantizar la suficiencia del aporte para financiar la matrícula y mensualidad. También cuestionó que la sala cuna fuera considerada una materia de seguridad social, recordando que durante su tramitación en el Senado las disposiciones habían sido tratadas como normas de quórum simple.
En ese tenor, el secretario de la comisión advirtió que la propuesta incidía en la administración financiera del Estado y establecía un beneficio para trabajadores del sector privado, materias que, según su interpretación, corresponden a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Por su parte, la diputada Constanza Hube (UDI) respaldó la inadmisibilidad y agregó que la indicación podía afectar las reglas sobre negociación colectiva, al contemplar que los aportes adicionales fueran incorporados a contratos colectivos. También invocó disposiciones constitucionales relativas a la administración financiera y a las normas que inciden en seguridad social.
Disputa por los fundamentos de la resolución
La controversia escaló cuando se procedió a votar la reclamación. El diputado Luis Cuello pidió a Meza reconsiderar su decisión y advirtió que, si el fundamento de la inadmisibilidad era que la propuesta abordaba materias de seguridad social, debía revisarse la calificación de las normas del proyecto.
A su juicio, aquello podía generar un desacople con la tramitación realizada en el Senado y obligar a modificar el quórum requerido para su aprobación.
Meza incorporó entonces a la discusión los argumentos expuestos por Hube sobre la negociación colectiva y la administración financiera. Yeomans, por su parte, insistió en que la discusión debía resolver si la sala cuna correspondía o no a una materia de seguridad social, debido a las consecuencias que esa definición tendría para el resto de la iniciativa.
La indicación fue finalmente declarada inadmisible por ocho votos contra cinco. Sin embargo, el resultado abrió un nuevo intercambio entre los parlamentarios, esta vez por las razones que fundamentaban la resolución.
Cuello cuestionó que, durante la votación, se hubieran incorporado argumentos distintos al invocado inicialmente por el presidente de la comisión. A su entender, la causal que debía quedar registrada era la relativa a seguridad social, por lo que pidió que se recalificara el proyecto.
En la misma línea, Venegas manifestó reparos por el cambio de fundamentación y solicitó que quedara constancia en la historia de la ley, ante la posibilidad de que esos antecedentes fueran considerados en una eventual revisión del Tribunal Constitucional.
Meza rechazó esa interpretación y defendió que los parlamentarios podían incorporar nuevos argumentos durante el debate. También sostuvo que los criterios adoptados por una comisión constituyen precedentes que pueden modificarse.
Finalmente, el secretario de la instancia intervino nuevamente para precisar que, a su juicio, la declaración de inadmisibilidad no se había sustentado únicamente en la materia de seguridad social, sino también en los aspectos relacionados con el financiamiento del fondo.
Tras la votación, Rau recordó que el fondo de sala cuna cuenta con garantía estatal y que la posición del Ejecutivo se relacionaba con las disposiciones constitucionales sobre administración financiera.
La tramitación del proyecto continuará durante la jornada de este miércoles.