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Colegio de Abogados pide al TC no eliminar filtro ético para jurar ante la Suprema: “Se desprotege a la administración de justicia”

Colegio de Abogados pide al TC no eliminar filtro ético para jurar ante la Suprema: “Se desprotege a la administración de justicia”

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Un inusual proceso abrió, hace casi cuatro meses, el Tribunal Constitucional (TC) cuando comenzó el estudio de una posible inconstitucionalidad en el Código Orgánico de Tribunales. Se trata del número 4 del Artículo 523 de dicha normativa, el cual faculta a la Corte Suprema para aplicar filtrar éticos y de buena conducta a la hora de otorgar el título de abogados a quienes buscan jurar ante el máximo tribunal.

La revisión de constitucionalidad por parte del órgano presidido por María Pía Silva se da luego de que recibiera nueve requerimientos de inaplicabilidad por parte de egresados de Derecho a quienes la Suprema les negó su título a raíz de contar, por ejemplo, con antecedentes penales. La activación de esta facultad por parte del TC tiene pocos ejemplos anteriores, como cuando se declaró inconstitucional la Ley Pascua que permitía no cumplir en prisión las penas por delitos sexuales en Isla de Pascua.

En medio de ese proceso, diferentes organismos han presentado posturas respecto a la regulación en análisis del TC. Uno de ellos es el Colegio de Abogados, que ingresó ante el TC un escrito en el cual pide que no se declare inconstitucional dicho articulado ya que se desprotegería la administración de justicia.

Este miércoles el TC citó a una audiencia donde escuchó la opinión de la serie de organismos que buscaban exponer su postura. Además del gremio, también participaron las universidades de Santiago, Finis Terrae y Adolfo Ibáñez.

La postura del colegio

En un escrito de 10 páginas, el gremio presidido por Ramiro Mendoza expresó los argumentos para pedir que, única carrera en la que el título es entregada por la Suprema y no por una universidad.

El Colegio de Abogados, presenta -principalmente- seis argumentos. El primero de ellos apunta a que las presuntas incostitucionalidades que declaró el TC en los nueve casos que revisó corresponde a situaciones en las que se aplicó el razonamiento de la Suprema respecto a hechos concretos, lo que no significa que sea un problema de la norma o de fondo.

Otro punto apunta al rol que cumplen los abogados, afirmando que son colaboradores de la administración de justicia, ejercen una función pública importante, lo que justifica que sea la propia Suprema, y no las universidades, la que titula a esos profesionales.

“Los vicios detectados en las nueve inaplicabilidades son de aplicación y no de la norma, y su expulsión dejaría sin control ético el acceso a la abogacía, profesión que difiere de las demás tanto por el monopolio que ostenta en la representación de las personas ante los tribunales, lo que confiere al abogado una potestad de la que carecen otras profesiones”, sostiene el colegio.

Más adelante, afirma que desde que no existe una colegiatura obligatoria, la Suprema es el único filtro ético que existe para quienes ejercen la profesión. En otro punto argumenta presentando la regulación que existe en otros países respecto a esta materia.

En esa línea, afirma que . Se trata de que, antes de conferir a una persona la facultad de representar a otros ante los tribunales y dado que es ella quien otorga el título, pueda la Corte Suprema verificar que no existen antecedentes graves que la hagan indigna de esa confianza”.

Por otro lado, sostiene que el exigir una “buena conducta”, como lo estipula el Código Orgánico de Tribunales, no es inconstitucional por sí mismo y que las propias leyes lo usan en otras instancias, por ejemplo, a la hora de evaluar la permanencia de los jueces.

Por último, señala que de declararse inconstitucional la regulación, existirá un vacío que obligará a la Suprema a entregar los títulos a quien sólo cumpla los requisitos, lo que puede generar .

“Coincidimos con la doctrina crítica en un punto: la norma es perfectible. Pero perfeccionarla corresponde al legislador, y la vía de vuestra señoría excelentísima para promoverlo no es la expulsión, sino una sentencia que rechace la inconstitucionalidad y fije el estándar de aplicación conforme”, propone el colegio.

Al cierre de sus argumentos, el Colegio de Abogados plantea que la Suprema sólo tendrá que entregar el título a quien cumpla con los requisitos, pudiendo entregar títulos, por ejemplo, a un estafador. “Ese resultado no protege la libertad de trabajo de nadie: desprotege a los clientes, a la contraparte y a la administración de justicia, y es irreversible respecto de cada título que se otorgue mientras el legislador no actúe”.

La postura de la Suprema

Pero la postura de la Suprema ante el proceso abierto por el TC también fue representada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). .

El CDE apunta a que el concepto de “buena conducta” no vuelve automáticamente inconstitucional a toda la norma. También, descarta que exista una infracción a la reserva de la privacidad de las personas, ya que dicha facultad de la Suprema tiene un límite. En los mismos términos, igualmente asegura -como han planteado los requirientes- que el aplicar este filtro ético no constituye una “inhabilidad perpetua” para las personas, ya que existen ponderaciones a aquella aplicación.

Por último, el CDE asegura que la aplicación tiene un caracter excepcional y de última instancia, por lo cual derogar la normativa generaría más efectos perjudiciales que mantenerla.

“Expulsar una ley puede provocar un vacío legal (’vacío normativo’) que cause un daño mayor al interés público y a la seguridad jurídica que el que produce la propia permanencia de la norma impugnada”, argumenta.

Al igual que el Colegio, apunta a la función pública que cumplen los abogados. “No se trata únicamente de comparar el interés del postulante en acceder a la profesión con la potestad de la Corte Suprema de examinar sus antecedentes. Existe un tercer interés constitucionalmente relevante, cual es, el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y la protección de las personas que deberán confiar sus derechos a quienes han sido habilitados para ejercer la abogacía”, concluye el escrito.

Fuente: Nacional La Tercera

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