A comienzos de septiembre, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la solicitud del Ministerio Público y los querellantes, y decidió ampliar otros 120 días la investigación que lleva la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en el marco del caso Alto Mando.
A raíz de dicha decisión del tribunal, la causa en la que se indagan las presuntas responsabilidades de violación a los derechos humanos por omisión de los exjefes de Carabineros durante el estallido social, el Ministerio Público contará con plazo hasta mediados de diciembre para continuar con la investigación en la que se encuentran imputados, entre otros, los exgenerales directores de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez.
Según argumentó la repartición encabezada por el fiscal Francisco Jacir, para solicitar la extensión del plazo de investigación, aún restan una serie de diligencias, entre las que también se encuentran las solicitadas por los querellantes del caso, quienes -a su vez- han entregado pericias que han encargado a organismos internacionales.
Uno de ellos es el solicitado por la abogada querellante, Karinna Fernández, quien solicitó una pericia para argumentar la tesis de que los funcionarios de Carabineros no siguieron los procedimientos establecidos y que, a su vez, el Alto Mando no realizó acciones para evitarlo.
Sobre 89 grados
El peritaje realizado por los querellantes, fue solicitado al Forensic Architecture, organismo criminológico con sede en Reino Unido y que ha participado en causas de este tipo, como pericias en el caso de Dilan Cruz, un joven estudiante que falleció durante las manifestaciones de 2019 en Colombia.
Dicho peritaje fue encargado al investigador Rafael Artemtchonque, quien a través de una serie de imágenes, registros audiovisuales y mapeos planimétricos de la zona en la que ocurrieron las manifestaciones, reconstruyó tridimencionalmente el actuar de Carabineros en un informe denominado “Sobre 89 grados”, en alusión a los grados en los que se usaron las escopetas antidisturbios.
Esta pericia, cuyos resultados ya fueron emitidos, buscaba esclarecer si realmente los funcionarios de Carabineros actuaron de acorde a los protocolos establecidos por la institución, lo que queda descartado según el registro digital de las pericias realizadas por el forense, quien detectó una serie de irregularidades en dicho actuar.
La parecia ya fue recibida por la Fiscalía Centro Norte a solicitud de la abogada querellante, quien además, requirió que el ente persecutor tome declaración al perito internacional. Aquello ya se concretó durante los últimos días y Artemtchonque ya compareció ante el ente persecutor entregando los resultados de su peritaje.
Fernández, destaca que “en investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos de la escala del estallido social la opacidad deliberada de los registros policiales y un negacionismo que se reinventa cada año no pueden enfrentarse solo con la prueba tradicional. Para los querellantes y defensores de derechos humanos, incorporar metodologías de investigación espacial y forense como las que desarrolla Forensic Architecture dejó de ser una opción, es un imperativo para desarticular el ocultamiento y garantizar el derecho a la verdad”.
Los resultados
Entre los primeros hallazgos del informe está que se constata que existe una “disociación sistemática” entre el modelo de uso gradual de la fuerza y la verdadera ejecución de los procedimientos, concluyendo que las escopetas y gases lacrimógenos “se emplearon de manera indiscriminada”.
También se da cuenta que hubo “omisiones sistemáticas en las actas circunstanciadas”, que apunta a la falta de registros respecto a las técnicas utilizadas por las fuerzas policiales durante los procedimientos.
En términos principales, el mismo informe contempla que la investigación audiovisual detectó “inobservancia de las distancias mínimas y de las zonas de protección” determinadas por los propios protocolos de Carabineros. “El análisis visual evidencia disparos en trayectoria horizontal, compatibles con el patrón masivo de las lesiones oculares irreversibles documentados en la causa”, plantea el informe.
“El resultado permite leer, desde el propio escenario del crimen, la acción delictiva del disparo y la geometría del tiro, sin olvidar la escala del empleo de munición menos letal contra la población civil”, asegura Fernández.
En esa línea, a juicio de la abogada el documento permitiría concluir que las lesiones a manifestantes “no fueron delitos aislados, sino la consecuencia previsible de un modelo de intervención policial estructuralmente defectuoso, no gradual y deliberadamente privado de un control efectivo por parte de la cadena de mando. Esa cadena de mando omitió su deber de resguardar a quienes ejercían derechos en el espacio cívico, mientras escopetas antidisturbios calibre 12 y agentes químicos se disparaban en trayectoria horizontal, a corta distancia y a la altura del rostro de los manifestantes”.