Una exclusión de postulantes sin precedentes. Eso es lo que acusan en privado algunos de los aspirantes al codiciado cargo de fiscal regional de Valparaíso, a solo semanas de que termine la era de la fiscal Claudia Perivancich quien culminará su periodo el 29 de diciembre.
El comentario apunta a lo que fue la polémica decisión del pleno de la Corte de Valparaíso del pasado 6 de noviembre cuando, por decisión de mayoría, excluyó a seis candidatos del concurso.
Fuera de micrófono, los más benevolentes acusan un exceso de formalismo del pleno de la corte, pero los más audaces lanzan sus ácidos dardos directamente hasta la presidenta del tribunal de alzada porteño, ministra Silvana Donoso, y sus supuestos intereses por manejar quién será el sucesor de Perivancich.
El corazón del problema quedó registrado en el acta del pleno extraordinario que se celebró la semana pasada. En esta sesión estuvieron presentes Donoso y las ministras Eliana Quezada, Carolina Figueroa, Rosario Lavín, Nancy Bluck, Maricruz Fierro, Cecilia Sagredo, el ministro Rafael Corvalán y Pedro García y la ministra (s) Ingrid Alvial.
El pleno resolvió que solo seis candidatos cumplían, tras una exigente revisión formal, los requisitos legales para competir.
Se trata del fiscal de Villa Alemana Osvaldo Basso, la asesora de Perivancich, abogada María José Lecaros, el jefe de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos Gonzalo Marks, el fiscal Metropolitano Sur Víctor Núñez, el fiscal jefe de Valparaíso Miguel Tapia y el fiscal jefe de Sacfi y coordinador de ECOH en Valparaíso José Antonio Uribe.
El problema estuvo en que, en una decisión dividida, el pleno dejó fuera de carrera a cinco postulantes. En todos los casos, por errores formales y específicos en ciertos documentos asociados a la postulación.
Al fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, y al fiscal Fred Silva los dejaron fuera por haber adjuntado un “certificado de antecedentes válido para fines particulares” en circunstancias de que según la corte las bases exigen que se adjunte “el certificado de antecedentes para fines especiales”.
Al fiscal regional de Arica, Mario Carrera, lo excluyeron porque en su declaración jurada omitió aclarar que no es cónyuge ni conviviente civil del Presidente de la República" y por omitir que no tiene ninguna vinculación con Kast por “parentesco de consanguinidad o afinidad en línea recta ni colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o por adopción”.
A la fiscal Greta Fuchslocher no la dejaron continuar por estar casada con el fiscal jefe de Limache Guillermo Sánchez. Esto para varios es una incompatibilidad legal que corre solo para asumir en el cargo, pero no para postular, ya que se puede solucionar después con la renuncia del marido, o con su traslado a otra jurisdicción.
En el caso del fiscal jefe de San Antonio, Samuel Núñez, su exclusión se debió porque la mayoría del pleno estimó que acreditó mal su condición de abogado.
Núñez lo hizo con “un certificado de profesionales emitido por el Registro Civil” cuando lo debió haber hecho con un “certificado de título de abogado extendido por el secretario de la Corte Suprema”. Todo a pesar de que la corte puede chequear su condición de abogado a través del portal del Poder Judicial que es donde se aloja el registro oficial.
Escala el problema
La decisión del pleno de la Corte de Valparaíso causó polémica, más aún ya que la corte dejó al margen del concurso a uno de los favoritos del fiscal nacional Ángel Valencia.
Se trata del jefe de la jurisdicción de Arica, Mario Carrera, quien de hecho ya lleva dos postulaciones en el cuerpo para el mismo cargo y nunca tuvo problemas de este tipo.
Carrera no tuvo complicaciones en los requisitos formales ante la Corte de Apelaciones de Arica y tampoco ante las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel cuando quiso concursar por el cupo que dejó Xavier Armendáriz en la Fiscalía Regional Centro Norte. Todos esos concursos previos los hizo con la misma documentación presentada en Valparaíso.
En enero, de hecho, para el concurso por la Centro Norte los plenos de Santiago y San Miguel dieron plazo a todos los candidatos que tenían alguna inconsistencia de cualquier naturaleza para subsanar el tema. Una opción que iría en en línea con el acta de la Corte Suprema que regula este tipo de concursos.
Las bases que inspiran esos recursos, según fuentes del proceso, incluyen la posibilidad de que “tratándose de postulantes no admisibles deberá indicarse expresamente el plazo de impugnación y los antecedentes que deben corregirse o complementarse”.
El asunto fue materia de discusión en el pleno ya que hubo al menos dos ministras que estuvieron en contra. La ministra Fierro y la ministra (s) Alvial fueron las únicas disidentes. Ambas apoyaron la idea de “otorgar a los postulantes un plazo de tres días corridos para para corregir” las falencias formales.
Según fuentes que saben del proceso los cinco excluidos presentaron un recurso de reposición para que el pleno les permita subsanar los errores formales. El asunto deberá ser sometido al conocimiento del pleno, para que tome una determinación en los próximos días. Todo esto será analizado contra el tiempo ya que el próximo lunes quedó agendada la audiencia ante el pleno, donde se realizará la votación para confeccionar la terna.
Fuentes de la Corte de Valparaíso comentan que el análisis del pleno solo estuvo centrado en exigir “lo que la ley y el acta establecen, nada más ni nada menos”.
Sin embargo en la jurisdicción de Valparaíso lo decidido por la mayoría del pleno desató una serie de intrigas.
Las sospechas apuntan al rol que habría tenido la ministra Donoso. Esto porque hay quienes sostienen que la magistrada está especialmente interesada en este concurso, debido a que en la Fiscalía Regional de Valparaíso está alojada la investigación por nombramientos judiciales, donde está imputado su hermano Samuel Donoso.
Sin embargo, otras fuentes lo descartan. Algunos sostienen que la decisión del pleno solo fue posible ya que contó con el apoyo de ocho magistrados, no fue una decisión exclusiva de Donoso.
Además, las mismas fuentes, afirman que si las suspicacias de vinculan con la causa de nombramientos judiciales, hay que tener presente que la indagatoria antes estuvo radicada en la Fiscalía Regional de O’Higgins, y actualmente solo está en manos de Perivancich en función de la facultad del artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
En otras palabras, es decisión de Valencia qué jurisdicción la lleva, lo que podría cambiar en los próximos meses si así lo desea. “Si quiere, el fiscal nacional la puede sacar de Valparaíso e incluso dársela al fiscal Mario Carrera para que la lleva desde Arica si así lo desea”, agrega otra fuente.