La polémica por los dichos de la diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano) durante la discusión del Presupuesto 2027 sumó un nuevo capítulo. El diputado Carlos Cuadrado Prats (PPD) ingresó un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara para que se investigue la intervención de la parlamentaria, quien calificó a organizaciones y defensores de derechos humanos como “empresarios del dolor ajeno”.
La presentación, que cuenta con el respaldo de la bancada del PPD, busca determinar si Rodríguez infringió las normas de respeto y conducta parlamentaria establecidas en el reglamento de la corporación.
El episodio se remonta al pasado miércoles 11 de noviembre, cuando la Cámara discutía los recursos destinados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante su intervención, la diputada republicana cuestionó el financiamiento público de organizaciones vinculadas a esa materia.
“Quiero partir mostrando mi repudio a quienes se han arrogado la propiedad de los derechos humanos en Chile. Mi repudio a esa gran empresa llamada Derechos Humanos Company”, afirmó Rodríguez.
En la misma intervención, la parlamentaria sostuvo que el Gobierno no creía “que los derechos humanos partieron en 1973 y tuvieron su bis en el estallido” y aseguró que “esa plata dejará de irse por fin a la familia Allende”.
Esta última afirmación también fue incorporada por Cuadrado en su requerimiento, donde advirtió que la transcripción de Rodríguez no identifica una partida presupuestaria ni antecedentes que permitan precisar a qué recursos se refería.
Los dichos provocaron la reacción de la diputada Lorena Pizarro (PC), hija y nuera de detenidos desaparecidos, quien se levantó de su asiento para increpar a la parlamentaria republicana. La discusión escaló hasta que la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), resolvió suspender la sesión.
Tras los incidentes, la mesa de la corporación emitió una declaración respaldada por todas las fuerzas políticas, en la que recordó la obligación de los parlamentarios de abstenerse de expresiones injuriosas y advirtió sobre eventuales sanciones.
El requerimiento de Cuadrado Prats
Cuatro días después de ese enfrentamiento, Cuadrado Prats decidió llevar los dichos de Rodríguez ante la Comisión de Ética. En su presentación, el diputado hizo una distinción: no cuestiona el derecho de los parlamentarios a fiscalizar los recursos públicos ni a discrepar sobre las políticas de derechos humanos, sino la forma en que esas diferencias se expresan dentro del Congreso.
“No pretendo que se sancione una posición política. Lo que planteo es una pregunta distinta y estrictamente institucional”, sostuvo.
Para fundamentar su solicitud, el legislador invocó los artículos 342, 344, 346 y 351 del Reglamento de la Cámara, relativos a las atribuciones de la Comisión de Ética, las exigencias de conducta parlamentaria y la presentación de requerimientos.
En particular, pidió examinar si las expresiones de Rodríguez vulneraron las obligaciones de mantener una conducta acorde con la investidura parlamentaria y un trato respetuoso hacia sus pares.
El escrito también establece un límite a la investigación solicitada: no busca extender el procedimiento a los enfrentamientos posteriores ni a la conducta de otros parlamentarios. Cuadrado pidió que el examen se concentre exclusivamente en las declaraciones realizadas por Rodríguez durante la discusión presupuestaria.
Asimismo, aclaró que no está acusando a la diputada de negar expresamente los crímenes cometidos durante la dictadura, puesto que, a su juicio, esa conclusión no se desprende de las palabras pronunciadas.
La controversia también tiene una dimensión personal para Cuadrado Prats. El diputado es nieto del general Carlos Prats González y de Sofía Cuthbert Chiarleoni, asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, en un atentado perpetrado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Desde esa historia familiar, el legislador explicó por qué considera especialmente relevante establecer límites en las discusiones parlamentarias.
“Mi familia conoce las consecuencias concretas de la violencia política y del terrorismo de Estado. Esa experiencia no me otorga una voz más valiosa que la de otros parlamentarios, pero explica por qué considero indispensable que este debate se sostenga con seriedad y respeto”, señaló.
En el requerimiento, Cuadrado también reconoció que la inviolabilidad parlamentaria, garantizada por el artículo 61 de la Constitución, protege la libertad de opinión de los legisladores durante las sesiones.
“El problema que someto a la Comisión no es la existencia de opiniones enfrentadas sobre el pasado de Chile. Es el estándar de lenguaje que estamos dispuestos a exigirnos en el presente”, planteó.
En caso de acreditarse una infracción, pidió aplicar una sanción proporcional, sin solicitar anticipadamente la medida más grave contemplada en el reglamento.
Para el diputado, la discusión no se limita a los dichos de Rodríguez, sino a la forma en que los parlamentarios ejercen su derecho a discrepar.
“No se trata de imponer silencio ni unanimidad. Se trata de recordar que la dignidad de la función parlamentaria también se protege en el lenguaje con que discutimos nuestras diferencias”.