Este miércoles, el Tribunal Constitucional (TC) revisará el decreto de cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Una fecha clave que están mirando tanto en el gobierno, como en los sectores de construcción y desde los municipios.
Y es que los alcaldes han sido los principales protagonistas en la discusión, que nuevamente tensionó la relación de los jefes comunales con los ministros Iván Poduje (Vivienda y Urbanismo) y Jorge Quiroz (Hacienda). En lo concreto, genera preocupación que el cambio de ordenanza -que entró por decreto sin pasar por el Congreso Nacional- flexibiliza algunas características en la construcción de vivienda lo que permitirá, según acusan los alcaldes, que el sector inmobiliario se beneficie obteniendo más ganancias pues podrá construir más en el mismo espacio. De ahí que los jefes comunales acusan que el cambio a la OGUC.
Dentro de los cambios, se reduce la cantidad la cantidad mínima de habitantes por vivienda lo que incentivaría construir más departamentos en el mismo espacio; ya no se obliga a las constructoras a tener estacionamientos por cada departamento, lo que podría atochar las calles de autos; se aumentará la altura máxima permitida por edificio, que podría imcrementar la construcción de “mega edificios”; y también inquieta que habrá menos requisitos para crear los “conjuntos armónicos”, que son grupos de inmuebles que se pueden saltar los requerimientos comunales.
Así, durante los últimos días la causa dentro del TC ha estado movida. Por un lado, y los ministros Poduje y Quiroz- busca declarar la inadmisibilidad del requerimiento que presentó el gobernador de la RM, Claudio Orrego, un grupo de 46 diputados de oposición y alcaldes. El argumento principal del escrito es que los decretos no podrían sobrepasar a los planes reguladores.
En el escrito impulsado por el Mandatario se detalla que “el requerimiento no da cuenta suficientemente de una cuestión de constitucionalidad concreta” y que, por lo mismo, “no cumple los requisitos constitucionales y legales para ser acogido a tramitación”. Dentro de sus argumentos, el Ejecutivo enfatizó que el requerimiento se basaba en la ley -y no en la Constitución- para sus fundamentos, y que está contemplado en la legislación vigente que el cambio a la ordenanza sea a través de un decreto y no por medio de una ley discutida en el Congreso Nacional. También se relevó que el decretó fue visado por la Contraloría General de la República.
En sus argumentos, La Moneda , y que no se afectan libertades individuales pues los compradores de vivienda tienen libertad de elección.
Mientras que en el escrito en respuesta -a cargo del abogado Juan Carlos Cayo- los requirientes responden que “la Constitución no protege una autonomía meramente declarativa. Protege una capacidad institucional efectiva, ejercida dentro de la Constitución y la ley, cuyo contenido no puede ser desplazado por una fuente reglamentaria sin habilitación suficiente”.
Municipios endurecen planes reguladores
Una alternativa que barajan desde las comunas para continuar con la disputa contra el Ejecutivo es endurecer los planes reguladores comunales, que son el conjunto de medidas que rigen la construcción en sus barrios. En ese sentido, entendidos en la materia dicen que la única alternativa para los municipios sería ahora endurecer estos planes, buscando contrastar los cambios a la ordenanza. Para ello, los alcaldes ya se encuentran trabajando en la antesala de la decisión que el TC adopte el miércoles.
El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (ind FA), dice que “estamos a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Pero, independiente de ese resultado, no descartamos ninguna herramienta que nos permita moderar los efectos que esta modificación pueda tener en los sectores de nuestra comuna donde ya no es posible seguir densificando. Entre esas alternativas está evaluar modificaciones y actualizaciones a nuestro propio Plan Regulador Comunal”.
Su par de La Cisterna, Joel Olmos, dice que “desde La Cisterna, estamos tomando todas las medidas que podamos para enfrentar los abusos que surgen a partir de la modificación de la OGUC. Además de todas las medidas legales y administrativas que hemos realizado, estamos trabajando para modificar nuestro plan regulador comunal con el objetivo de poner límites a la explosión inmobiliaria que surgirá a partir de la nueva OGUC”.
Otros alcaldes comentan en privado que igual empezarán a trabajar en cambiar sus planes, pero no quieren sincerarlo todavía con el objetivo de no darle pistas a las inmobiliarias. En todo caso, en la industria constructora ya tenían considerado que los municipios pudieran impulsar dicha arremetida.