La Cámara de Diputados aprobó este lunes las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, con lo que la iniciativa quedó despachada a ley.
El informe de la Cámara Alta fue respaldado en general por 121 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones, mientras que una de sus disposiciones, sometida a votación separada por su rango constitucional, obtuvo 126 votos favorables, cuatro en contra y cuatro abstenciones.
Entre los principales cambios se encuentra la posibilidad de que los municipios destinen hasta un 25% de sus ingresos propios a la contratación de inspectores de seguridad municipal, una medida que deberá contar con la autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), mediante un acto administrativo fundado y visado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
La normativa también contempla modificaciones a los requisitos de evaluación de los inspectores, las condiciones para conducir vehículos municipales y los plazos de implementación de las nuevas disposiciones.
Debate parlamentario
El diputado Héctor Barría (DC) cuestionó que se destinen recursos a fiscalizaciones que, a su juicio, no necesariamente responden a las prioridades de seguridad: “¿Cuáles son las indicaciones a estos fiscalizadores? Saquen parte a los mal estacionados, ¿con eso resolvemos el problema de la seguridad ciudadana?”.
También advirtió sobre las desigualdades entre municipios con mayores y menores recursos, lo que fue una tónica durante el debate legislativo, de forma transversal por los legisladores.
La diputada Carolina Tello (FA) respaldó el proyecto, pero planteó la necesidad de avanzar hacia un financiamiento más equitativo. “La seguridad no puede depender de cuánto dinero tenga su municipalidad”, indicó. También sostuvo que las comunas rurales y con menores ingresos necesitan recursos suficientes para contar con equipos preparados.
En tanto, Germán Verdugo (PNL), anunció su voto favorable, aunque pidió elevar los estándares de capacitación y evaluación de los inspectores. “La seguridad municipal puede ser un gran aporte para nuestras comunas, pero solo si quienes la ejercen están preparados”.
Javier Olivares (PDG) manifestó reparos al aumento del margen de gasto municipal y a la discrecionalidad en las contrataciones. Añadiendo que: “Yo en lo personal no estoy disponible para entregarle un cheque en blanco a los municipios ni para dar libertades a sus alcaldes”.
Olivares también insistió en que la seguridad municipal debe complementar, y no sustituir, el trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Tomás Kast (Evópoli) defendió la eficacia de las estrategias municipales de seguridad y rechazó que se contrapongan las comunas de mayores y menores ingresos. “La seguridad no tiene código postal”, mencionó. El parlamentario destacó la coordinación entre municipios, policías y organizaciones vecinales como una herramienta para prevenir delitos.
Matías Fernández (FA) respaldó la iniciativa, pero enfatizó que las modificaciones legales deben ir acompañadas de recursos. “Fortalecer la seguridad municipal no puede significar que los municipios deban enfrentar solos este desafío”.
Su correligionario, Jaime Bassa (FA), reclamó que “se ha dicho en esta sala que no debiéramos aprobar proyectos que no tienen financiamiento, se ha dicho también que no debemos hablar de lucha de clases y que la seguridad es la prioridad del gobierno y de la sociedad, pero entonces hablemos de cómo se cumplen las obligaciones que la ley establece en aquellos municipios que no tiene recursos”.
En tanto, Cristián Tapia (IND-DC), planteó que “estamos hablando de una nueva responsabilidad hacia los municipios, otra más y siempre los alcaldes o concejales hemos reclamado, porque tuve el honor de ser alcalde de una comuna (Vallenar) y vaya que es distinto cuando se aprueban proyectos sin financiamiento el rol que tiene que cumplir el municipio y la presión que cae sobre los municipios”.
“Hay mucho municipio rural y pequeños que prácticamente viven del Fondo Común Municipal y no tienen ingresos propios y vamos a tener comparaciones entre las que tienen recursos propios versus las que no. Yo creo que cada proyecto y cada responsabilidad que se le entrega los municipios debe venir financiado”, zanjó.
La diputada Claudia Reyes (REP), defendió las modificaciones realizadas por el Senado, y aseguró que estas “resuelven problemas muy concretos para que esta ley funcione de verdad en todos los municipios”.
En esa línea, explicó que la primera modificación tiene que ver con los plazos, ya que la ley exigía a las municipalidades que estas nuevas reglas estén implementadas en tan solo 60 días y la modificación lo extiende hasta 180 días.
“Es una corrección con mucho sentido común, ya que no sirve de nada aprobarla y que los municipios no tengan tiempo material para poder cumplirla”, agregó.
La segunda modificación, dijo Reyes, está relacionada con la evaluación de idoneidad física y psicológica que deben rendir los inspectores de seguridad municipal. “Hoy esa evaluación solo se podía hacer en establecimientos de salud públicos o privados, y la modificación agrega el poder acudir a mutuales de seguridad y eso amplía las alternativas disponibles y evita la falta de hora en el sistema de salud se transforme en obstáculo para contratar inspectores”, agregó.
La tercera precisa que la regulación de uniformes y atribuciones se refiere específicamente a los inspectores de seguridad municipal y no a cualquier inspector municipal, señaló. “Es una aclaración necesaria para que no haya dudas de aplicación y ninguna de estas tres correcciones cambia el sentido del proyecto, porque todas apuntan a que la ley se pueda aplicar en la práctica sin letra muerta ni plazos imposibles”, sumó.
Desde el Partido Socialista (PS), la diputada Emilia Nuyado, dijo que “mi opinión tiene que ver con los municipios pequeños, donde la alta población que tienen que atender son rurales. Este Parlamento no ha discutido en prevención. Aquí se requiere la mayor cantidad de recursos ni deben seguir recortándose los presupuestos para los diversos programas sociales. Se requiere más iluminación, más calles pavimentadas y más viviendas (…) Cuando hablamos de seguridad también tenemos que pensar en esa realidad que vive el país y no necesariamente de que tenemos pocos recursos".
Además, Ignacio Urcullú (REP), defendió la posibilidad de que los municipios destinen mayores recursos en seguridad pública. “Quiero detenerme en un solo punto de esta votación, porque ya tuvo un intento fallido en esta misma sala. Se trata de la posibilidad que las municipalidades destinen hasta un 25% de sus recursos propios para contratar inspectores de seguridad municipales. Esta norma fue aprobada por la Comisión de Gobierno de esta cámara, pero no logró el quorum necesario en la sala. Obtuvo 77 votos a favor, insuficientes para su aprobación. Hoy la norma vuelve y merece un segundo análisis”.
“No se trata de entregar un cheque en blanco. Para usar ese 25% la municipalidad debe solicitar autorización a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y esa autorización no es automático. Se otorga mediante un acto administrativo fundado, visado además, por la Dirección de Presupuestos, es decir, hay dos filtros técnicos antes que el municipio pueda usar ese margen de gasto”, agregó.