La Cámara de Diputados aprobó en particular la tarde de este miércoles la partida correspondiente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La indicación que solicitaba la votación separada . Los partidos oficialistas, además del Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente entregaron su respaldo a la partida.
La discusión de la partida de Justicia se da en medio de la crisis que enfrenta el Ejecutivo por la rebaja de condenas a violadores y abusadores sexuales de menores de edad.
Esta situación ha llevado a que la oposición considere al titular de la cartera, Fernando Rabat, “un interlocutor no válido”. Además, y como medida de presión, han llamado a rechazar la partida mientras no presente su renuncia.
Y así lo reafirmaron los parlamentarios de este sector durante sus intervenciones.
“¿Este es el gobierno de la mano dura o el gobierno protector de pedófilos? Son unos cara de palo, gobierno cobarbe", criticó el diputado Luis Malla (PL), en declaraciones que le valieron sanciones por parte de la Mesa de la Cámara de Diputados.
“Ahora nos piden que le aprobemos el presupuesto de justicia al ministro Rabat. Usted es el primer ministro de justicia imputado en la historia reciente de Chile. Tenga la decencia de renunciar, hágale un bien al país y hasta su propio gobierno. Hágalo como un acto mínimo de decencia y de respeto por las víctimas. Si no lo hace, espero que este congreso esté a la altura y apoye la acusación constitucional que presentaremos”, añadió al respecto.
Desde el oficialismo y colectividades como el PNL defendieron la aprobación de la partida y criticaron la vinculación que se ha hecho con la mantención en el cargo de Rabat.
“Aquí escuchamos palabras constantes pidiendo responsabilidades de un ministro, las responsabilidades se las podrían cobrar presentando la acusación constitucional, pero parece que tampoco tiene fundamentos, así que tampoco se atreven a presentarla. Aparte de puntos políticos, están tratando de secuestrar un presupuesto que es importante para Chile”, acusó Pier Karlezi (PNL).
En tanto, el diputado José Antonio Kast Adriazola (Rep.) criticó que “a lo largo de la discusión de esta partida se han hecho muchos puntos políticos, pero se ha hablado poco de la partida” y realizó emplazamientos a la oposición.
“Aprueben, si es que tanto les importan las víctimas, pero la verdad es que las usan como una excusa. Cuando dicen a qué víctimas han contactado a raíz de la polémica de estas últimas semanas, uno les podría preguntar a cuántas víctimas contactó el exministro Gajardo, a ninguna, porque quería mantener el asunto bajo el agua”, criticó.
Doble reserva de constitucionalidad
Durante la votación de cada indicación se realizaron dos reservas de constitucionalidad
La primera por la indicación 17 sobre el programa de Curadurías ad litem, en la que se aprobaba agregar el siguiente texto: “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el número de beneficiarios de nacionalidad extranjera atendidos por el Programa Curadurías y la variación de este en los últimos tres años, indicando además el porcentaje que estos representan sobre el total de beneficiarios y la calidad migratoria de cada uno de ellos”.
El diputado Jaime Bassa (FA) presentó la reserva de constitucionalidad al respecto.
En tanto, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz pidió reserva tras la aprobación de una indicación de la oposición que solicitaba lo siguiente:
“Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de esta ley, la Subsecretaría de Justicia informará a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de ambas Cámaras, los resultados de la revisión de los beneficios de reducción de condena concedidos desde el 11 de marzo de 2026, indicando los casos revisados, irregularidades detectadas, si las hubiese, las acciones administrativas o judiciales iniciadas y los sumarios instruidos”.
“Derechos Humanos Company”
Uno de los puntos álgidos de la discusión resultó tras la intervención de la diputada Javiera Rodríguez (Rep), en la que acusó a la oposición de ser “empresarios del dolor ajeno”.
Tras aquello, la diputada Lorena Pizarro (PC) llamó “energúmena” a Rodríguez y llamó a que “ciertos discursos no se permitan”.
Esta situación derivó en que la sesión de la Cámara de Diputados tuviera que suspender la sesión por cinco minutos.
La bancada del Partido Comunista anunció que llevarían a Rodríguez a Comisión de Ética por esta situación.