Hace una semana, diversos gremios de camioneros protagonizaron paralizaciones en las principales rutas del país, en señal de protesta por el alza de los combustibles.
Ante este escenario, el gobierno inició una serie de negociaciones con los transportistas, que llegaron a buen puerto el pasado jueves con un acuerdo que contempla, entre otras medidas, el congelamiento de precios y el aumento de los porcentajes de devolución del impuesto específico al diésel.
En este contexto, y considerando las movilizaciones protagonizadas por los camioneros, el subsecretario general de gobierno, Gonzalo Arenas, fue consultado sobre la Ley Antibarricadas 2.0, iniciativa ingresada por el Ejecutivo el pasado 17 de agosto.
Sin embargo, el portavoz del gobierno reconoció que desconocía el contenido del proyecto, que busca modificar el Código Penal para ampliar las conductas sancionadas por interrupciones del tránsito, incorporando bloqueos totales o parciales que afecten el desplazamiento de personas y vehículos, así como el funcionamiento de los servicios de transporte.
Durante su participación en el programa Tolerancia Cero de CNN, el subsecretario también manifestó que no estaba de acuerdo con que este tipo de conductas fueran consideradas delito.
“Ustedes, en la Ley Antibarricada, hoy día cuando hay interrupción total, está penado por la ley; pero ustedes quieren agregar en la Ley Antibarricada 2.0 que cuando hay una interrupción parcial de una vía sea delito y ustedes le concedieron demandas a gente que hizo algo que ustedes consideran delito”, planteó la conductora del espacio.
“No, le concedimos cosas que hoy día no es delito”, respondió Arenas. Ante ello, la periodista insistió: “Pero ustedes quieren que lo sea”.
, reconoció el subsecretario.
¿En qué está el proyecto?
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 23 de septiembre, con 89 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones.
Tras su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto fue derivado al Senado, donde actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución, a la espera de ser puesta en tabla.