Pablo Milad lideró la reunión de presidentes tras su semana más compleja al mando de la ANFP. El timonel del organismo convocó a los clubes para abordar la clausura de la sede de Quilín, una situación que mantiene al organismo sin sus oficinas desde el pasado 28 de octubre. Sin embargo, la reunión no se limitó a revisar las gestiones para recuperar las instalaciones. Varios dirigentes exigieron explicaciones y cuestionaron la administración del curicano.
La cita se desarrolló por Zoom. Milad encabezó la sesión desde Juan Pinto Durán, donde también se encontraban el secretario ejecutivo de la ANFP, Juan Eduardo Vega, el oficial de cumplimiento, Miguel Ángel Valdés y Felipe de Pablo, gerente de marketing y operaciones. Al otro lado de las pantallas estaban los representantes de los clubes, que esperaban conocer los antecedentes de una situación que involucra la falta de permisos municipales, una deuda por patentes y los costos que deberá enfrentar la asociación para regularizar sus dependencias.
La clausura había sido ejecutada por la Municipalidad de Peñalolén el miércoles pasado. El alcalde Miguel Concha ordenó el cierre del edificio ubicado en avenida Quilín 5635, después de constatar que no contaba con la recepción definitiva de obras. A ello se sumó una deuda por patentes y otros conceptos que, según los cálculos del municipio, alcanza los $172 millones. La administración comunal sostiene que la ANFP funcionó durante 16 años sin la documentación correspondiente.
Tensa reunión
La respuesta inicial de la ANFP fue cuestionar la clausura. Mediante un comunicado, el directorio calificó la decisión como “arbitraria y desproporcionada” y anunció acciones judiciales para intentar revertirla.
Sin embargo, esas explicaciones no fueron suficientes para los clubes. En la sesión de este miércoles, una de las intervenciones que marcó la discusión fue la de Cristian Ogalde, presidente de Magallanes. El dirigente exigió que se establecieran responsabilidades por los problemas que terminaron con el cierre de la sede.
Ogalde planteó que no resultaba aceptable que, frente a una situación de esa magnitud, no existiera una cara que asumiera las consecuencias. Argumentó que en cualquier organización deben existir responsables cuando se producen errores y cuestionó que la ANFP no identificaran las fallas internas que permitieron llegar a ese escenario.
Milad respondió que el objetivo debía ser encontrar soluciones antes que buscar responsables. Ogalde, sin embargo, volvió a intervenir: dijo que ambas tareas no eran incompatibles y que resolver el problema no impedía determinar quiénes habían incumplido sus obligaciones. El representante de Magallanes pidió que existan consecuencias dentro de la estructura de la ANFP.
En ese momento intervino Jorge Yunge. El actual secretario general de la ANFP y candidato a la presidencia reconoció que el directorio había cometido errores al no realizar mayores gestiones para enfrentar los problemas.
Otro dirigente cuestionó que la administración no pudiera establecer quién debía responder por la clausura y recordó que hace aproximadamente un año la propia ANFP estaba inaugurando instalaciones del complejo José Sulantay.
La auditoría solicitada
Una de las personas emplazadas durante el encuentro fue Miguel Ángel Valdés, el oficial de cumplimiento de la ANFP. Su participación en las gestiones relacionadas con los permisos municipales quedó bajo cuestionamiento a partir de las autorizaciones pendientes.
Esto porque Felipe de Pablo, gerente comercial y de marketing de la ANFP, había solicitado autorizaciones para avanzar en los trámites, sin obtener una respuesta del oficial de cumplimiento. Esa comunicación fue enviada el 12 de octubre, 16 días antes de que la Municipalidad de Peñalolén ejecutara la clausura.
En ese contexto, Sabino Aguad solicitó realizar una auditoría. La petición buscaba revisar los procedimientos administrativos y las decisiones adoptadas por los funcionarios que intervinieron en el proceso. También quiso saber quién era el responsable. Milad se culpó a él como timonel, sin exponer a ninguno de los administrativos. Pidió enfocarse en buscar soluciones.
Otro aspecto que generó preguntas fue el costo económico que deberá enfrentar la asociación, más allá del pago de los permisos pendientes. Los clubes pidieron conocer cuánto dinero se necesitará para regularizar las construcciones y completar los trámites exigidos por las autoridades. Durante la exposición se entregó una estimación de $140 millones para obtener los permisos necesarios y dejar regularizadas las instalaciones.
Todo esas gestiones se le otorgaron al arquitecto a Ernesto Undargarin, quien ya trabajó en el levantamiento de los Juegos Panamericanos 2023 en Chile y en el Mundial Sub 20 que se realizó en el país. Por lo mismo, fue uno de los expositores que estuvo presente para entregarles información a los timoneles.
Se busca oficina
Frente a los cuestionamientos, Felipe de Pablo intervino para detallar las medidas adoptadas por la administración. Explicó que existen tres comités trabajando en los problemas relacionados con los permisos y el funcionamiento de las instalaciones.
También dio cuenta de gestiones con otras municipalidades para evitar que las dificultades administrativas se extendieran a recintos utilizados por las selecciones: al día siguiente de la clausura de Quilín se desarrolló una reunión con Eduardo Espinoza, el alcalde de Macul para abordar la situación de los recintos de los complejos Fernando Riera y Juan Pinto Durán. El objetivo fue evitar que se aplicaran medidas similares a las decretadas en Peñalolén.
En ese encuentro, según se explicó a los dirigentes, se otorgó un plazo de 60 días para avanzar en la regularización de los aspectos pendientes. La medida permitió mantener las operaciones mientras se desarrollan las gestiones con el municipio. En este caso, sin embargo, solo se deben regularizar construcciones que fueron levantadas durante los últimos años.
Claro que la recuperación de la sede principal sigue sin una fecha establecida. Hoy la ANFP evalúa alternativas para instalar temporalmente a sus funcionarios. Se están buscando oficinas disponibles y espacios de coworking. Se evalúa, incluso, utilizar un piso en Machasa, en la comuna de Santiago. Por ahora, las operaciones administrativas se mantienen distribuidas y no existe certeza sobre cuándo se podrán volver a utilizar las oficinas de avenida Quilín.
El daño institucional y las elecciones
El efecto económico no fue la única preocupación expuesta en la reunión de presidentes. Desde Deportes La Serena se planteó que la clausura también representa un daño reputacional para el fútbol chileno. El representante del club consultó si la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile habían establecido contacto con sus auspiciadores para explicarles la situación.
La pregunta apuntó al impacto que puede tener el cierre de la sede institucional sobre las relaciones comerciales de ambas organizaciones.
Todo ocurre a dos semanas de las elecciones de la ANFP. Los clubes deberán elegir entre Jorge Yunge, actual secretario general y candidato de la continuidad, y Jorge Uauy, presidente de Palestino, quien encabeza la lista opositora. De momento, se busca un hotel en la zona oriente para poder llevar adelante los comicios.