Por ahora, en forma solitaria, asesores del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y personeros de la Secretaría General de la Presidencia han sido los principales agentes del Gobierno a cargo de los primeros sondeos ante la acusación constitucional presentada por la oposición, por los decretos que firmó el secretario de Estado y que permitieron la rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Aunque en La Moneda ven el desenlace de este libelo contra Rabat con tranquilidad, el escenario para el secretario de Estado se ve complejo en la Cámara.
Hoy la estrategia del Gobierno pasa por esperar que los hechos decanten. Primero, el titular de Justicia debe responder a los cargos para que la comisión revisora, que preside el diputado Raúl Soto (PPD), comience a debatir los argumentos a favor y en contra.
Si bien la oposición parte en minoría para llegar a la cantidad de votos que permitan aprobar el libelo en una primera instancia, el problema del ministro es que las dudas se concentran en el propio oficialismo.
De hecho, el conteo preliminar que se baraja entre diputados muestra que, si la acusación se votara hoy, probablemente se aprobaría. Obviamente, el escenario aún es inestable y estrecho, por lo que el resultado final sigue siendo impredecible.
En términos teóricos y absolutos, las bancadas de izquierda y centroizquierda suman 65 votos. Si 12 de los 14 diputados del PDG se pliegan —como señalan algunas estimaciones internas—, el libelo llegaría a un piso de 77 votos, es decir, a un voto de la mayoría absoluta de la Cámara.
El sentido común de Contreras
El voto 78 podría provenir del diputado Cristián Contreras, quien, a pesar de seguir siendo militante del PDG, fue expulsado de su bancada. Aunque en varias votaciones ha sido un aliado de La Moneda, en este tema el mismo Contreras marcó su inclinación en la pasada sesión especial de la Cámara, el 28 de octubre, donde pidió la salida de Rabat. “Hemos llegado a un límite inaceptable. Lo que hemos presenciado no es un mero error administrativo, tampoco un tecnicismo jurídico menor. Es una profunda herida a la justicia, a la ética republicana y, sobre todo, a la dignidad y seguridad de las víctimas... ¿Con qué cara le explicamos a la ciudadanía, a las madres, a los padres, a los niños, a las niñas vulnerables que el ministerio de justicia utiliza resquicios de interpretación legal para firmar decretos que liberan antes de tiempo a violadores y abusadores sexuales? Argumentar que la institucionalidad está de manos atadas es faltarle el respeto al sentido común", dijo.
Consultado por La Tercera sobre cómo votará, Contreras dio una sutil pista y dijo que “en este minuto estoy evaluando mi decisión sobre la acusación constitucional. Estoy ponderando todos los elementos y con sentido común”.
Sin embargo, las cifras hipotéticas a favor de la acusación no son estáticas ni definitivas.
La oposición tiene tres diputadas con licencias médicas, algunas por delicados estados de salud (las militantes del Frente Amplio Francisca Bello, Javiera Morales y Coca Ñanco). A ellas se suman las dudas de Jaime Mulet (Frevs) y la posición aún no ratificada de los PDG, donde los votos a favor pueden fluctuar entre los 10 y los 12.
Para atenuar posibles bajas en sus filas, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, ya tomó contacto con Morales y Ñanco para evaluar que puedan asistir el día de la votación, lo que hoy es visto como posible. Ellas se habrían comprometido.
Por lo tanto, sin Mulet (quien probablemente se restaría de la definición) y sin Bello (cuya condición es delicada), el piso de votos del libelo podría llegar a 76. Ese número le sigue dando una ventaja a la oposición, considerando que la acusación se aprueba con la mayoría presente y el oficialismo también tendría ausencias obligadas.
Dudas en la derecha
En la derecha, dentro de sus 75 diputados, también hay uno que podría no estar presente por razones graves de salud (el RN Andrés Celis) y una legisladora que pasa por una delicada situación personal (la independiente UDI Marlene Pérez).
Los votos del oficialismo, sin embargo, podrían ser compensados para volver a sumar 75 gracias a los PDG Roberto Arroyo y Javier Olivares, quienes públicamente se han mostrado como los más reticentes al libelo.
No obstante, la situación en las fuerzas de gobierno es más compleja.
En la UDI, además del caso de Marlene Pérez, hay otros cuatro diputados con dudas: Omar Sabat, Hotuiti Teao, Ximena Naranjo y Alejandra Valdebenito. Para contener posibles desmarques, la directiva gremialista les pidió que, en caso de tener reparos al papel de Rabat, se abstengan, pero emitan su voto el día en que se resuelva el libelo. En ese caso, las abstenciones igualmente favorecen al ministro, a pesar de la señal de desapego que ello implica. La idea es evitar a toda costa una ausencia oficialista, pues complicaría aún más las chances del secretario de Estado.
En RN, el cuadro es más delicado. Aunque Celis también está evaluando votar para apoyar al titular de Justicia, hay cinco diputados que están derechamente en duda: Eduardo Durán, Carlos Chandía, Daniel Valenzuela, Juan Carlos Beltrán y Claudia Mora.
. Sería irresponsable de mi parte anticipar un rechazo o una aprobación de la acusación”, señaló el diputado Durán, quien, además, es subjefe de bancada de su colectividad.
En la directiva de Renovación Nacional y entre sus propios legisladores en suspenso admiten que hasta el momento no ha habido gestiones para convencerlos de apoyar a Rabat.
Los dirigentes de RN confiesan que tomar medidas con tantos días de anticipación no tiene mucho sentido, ya que todavía ni siquiera hay una fecha clara de cuándo se votará la acusación.