El diputado Raúl Soto (PPD), quien presidirá la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; confirmó este sábado la contestación del secretario de Estado al instancia.
Soto confirmó lo adelantado por La Tercera respecto a los primeros convocados a la comisión que sesionará este lunes a las 16:00 la AC en contra el titular de Justicia. A la instancia fueron convocados el ministro, el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, y el actual subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.
“Son los principales implicados quienes han firmado estos decretos de rebaja de condena y por lo tanto para que den cara al país y respondan las preguntas de la comisión”, indicó el también timonel del PPD.
En ese sentido, se confirmó la invitación al exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; y al abogado y profesor de la Universidad de Los Andes, Alejandro Romero.
Sin embargo, Soto advirtió que la cartera de Justicia aún no entrega la totalidad de los decretos de reducción de condenas solicitados por los parlamentarios mediante un oficio.
“Lo que está pendiente y hasta la fecha no ha ocurrido es la entrega del listado completo y adjunto de cada uno de los decretos que ha firmado el actual gobierno en cualquier tipo de delitos respecto de aquellas materias donde no exista una orden expresa de la Corte Suprema en carácter de público pero anonimizado, resguardando la identidad de la víctima”, manifestó.
”, zanjó.
En los tres capítulos del libero acusatorio, la oposición le imputará a Rabat su eventual responsabilidad política en la firma de decretos que permitió rebajar las penas a 56 condenados por delitos sexuales y de lesa humanidad.
En concreto, el primero abordará las rebajas de condenas otorgadas que habrían vulnerado la legislación nacional y tratados internacionales de protección de la infancia.
El segundo, en tanto, evaluará los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad, presuntamente sin cumplir los requisitos del Estatuto de Roma.
En cuanto al último, se investigará una eventual infracción al deber de probidad por haber entregado información falsa o imprecisa al Congreso.