Hasta la sala 2 de la Cámara de Diputados, en el exCongreso de Santiago, comenzaron a llegar los diputados de las bancadas de oposición, junto a los abogados constitucionalistas que trabajan en el sector.
El objetivo era acelerar el tranco en el estudio de las consideraciones jurídicas que sustentarían la acusación constitucional que prepara el sector en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Aunque los diputados han insistido en que han seguido el cronograma, lo cierto es que el timing original era ingresar el libelo esta semana, cuestión que ya no ocurrió.
Por lo mismo, convocaron a esta nueva sesión de trabajo con los constitucionalistas para reforzar las causales constitucionales por las cuales se imputaría a Rabat.
En ese contexto, la reunión que fue anunciada el lunes, comenzó como 17 minutos de retraso. “Falta la DC y comenzamos”, dijo a viva voz el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva.
El primero en llegar al edificio parlamentario de la capital fue el coordinador legislativo de la bancada socialista, Nicolás Facuse. Le siguió el diputado Marcos Barraza (PC) y, así, continuaron llegando algunos de los abogados que de forma presencial estuvieron en la reunión.
El exministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), la otrora defensora de la Niñez, Patricia Muñoz y el constitucionalista del PPD, José Antonio Ramírez fueron otros de los profesionales que ingresaban por la calle Compañía de Jesús hasta llegar a la sala donde sería la reunión.
Minutos tarde ingresaron la presidenta del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans y la jefa de bancada del PPD, Andrea Parra.
Con leves minutos de retraso hizo lo propio el abogado constitucionalista del PS, Gabriel Osorio, .
Presentes también estuvieron los presidentes del PPD y de la DC, los diputados Raúl Soto y Álvaro Ortiz, respectivamente.
Cuando ya iban poco más de 15 minutos de conversación llegó el diputado Luis Malla (Partido Liberal).
Si bien no participó de la reunión de hoy, también ha tenido una colaboración estrecha Patricio Zapata (DC), .
Los capítulos
En la reunión de este jueves, se reforzaron los antecedentes jurídicos del escrito y se exploró la posibilidad de añadir un cuarto capítulos a los tres que ya tienen decididos incorporar.
Al término de la reunión, el diputado Soto sostuvo que “hoy día la acusación se ha robustecido aún más”.
Y detalló que uno de los capítulos tiene que ver con una .
, producto de las cuales Rabat habría vulnerado, nuevamente, los tratados internacionales sobre el arrepentimiento que deben tener estos criminales para ser liberados.
En tercer lugar, . “Existe un ministro que le ha mentido al país, que le ha mentido a otro poder del Estado”, sostuvo el timonel del PPD al respecto.
Y, frente a la posibilidad de considerar un cuarto capítulo, agregó: “Podrían agregarse nuevos antecedentes, pero hasta este momento, lo que se ha logrado construir, la acusación está lo suficientemente sólida para poder presentarla en cualquier momento”.
Previamente, Gajardo ya había asegurado que .
“Es muy evidente que la ley de rebaja de condena, que excluye a violadores de niños, niñas y adolescentes, este gobierno la está dejando sin aplicación en la práctica”, sostuvo el exministro de Justicia.
Y detalló: “La Constitución, en el Artículo 52 N° 2 establece que un ministro de Estado tiene que responder en el caso que infrinja la Constitución, la ley o deje sin ejecutarla. Y la ley de rebaja de condena, que obliga al ministro de Justicia a aplicarla de manera irrestricta, fiel a lo que el Congreso Nacional, estipuló que lo que había que hacer, que esa ley se aplicara in actum".
La presión de las propias huestes
La demora en el ingreso formal de la acusación ha tensionado a las propias bancadas, desde donde reconocen que se han despertado voces que piden concretar la presentación del escrito en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el cálculo que ha reinado en la oposición -pero que no ha impedido callar las voces disidentes- es que deben presentar un libelo lo suficientemente sólido, desde el punto de jurídico, para convencer a aquellos parlamentarios que están indecisos, particularmente la bancada del Partido de la Gente.
Pese a ello, ya han sido dos parlamentarios que públicamente han pedido concretar el trámite.
El primer de ellos fue el diputado Jaime Araya (IND. -PPD), quien tuvo un rol protagónico en las primeras conversaciones de coordinación y que ha asistido a los demás encuentros del sector.
“Espero que se concrete a la brevedad”, sostuvo a este medio.
Aunque agregó: “Me interesa que presentemos una acusación sólida y contundente, que ponga el foco en donde corresponde, en la responsabilidad constitucional de quienes liberaron anticipadamente a violadores de niños”.
A él se sumó el subjefe del Comité del Socialismo Democrático del Senado, y vicepresidente del PPD, Ricardo Celis, quien, en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, reclamó que los diputados “se han demorado más de la cuenta”.
“Cuando tú haces una advertencia de esta naturaleza, de esta severidad y seriedad, es mejor que la ejecutes pronto, que la lleves adelante pronto”, añadió.