“Se acusa constitucionalmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos don Fernando José Rabat Celis, por ser responsable de...”
Con estas palabras inicia el texto elaborado por las bancadas de la oposición para llevar a juicio político al ministro Rabat, sindicado como el principal responsable de la rebaja de penas, por vía administrativa, a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, y también el otorgamiento del beneficio a personas privadas de libertad por crímenes de lesa humanidad.
El escrito consta de un total de 189 páginas y se divide en tres capítulos, que corresponden a las argumentaciones de las colectividades del progresismo contra el secretario de Estado.
En el primer punto, se señala que se le acusa por “haber infringido la Constitución y las leyes, al conceder reducciones de condena a personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, infringiendo el literal e) del artículo 17 de la Ley N° 19.856, de 2003, modificada por la Ley N° 21.421, de 2022, que excluye expresamente del beneficio a quienes hubieran cometido delitos de abuso sexual o violación en contra de menores de edad, sin proteger el interés superior del niño al que lo obliga la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 21.430, de 2022, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia".
Asimismo, se agrega que “al firmar dichos decretos, el ministro cometió abuso de poder e infringió las leyes por omisión. En primer lugar, resolvió con efectos generales una controversia que correspondía a los Tribunales de Justicia decidir caso a caso, invocando para ello la conveniencia de evitar litigios, y se avocó a causas pendientes, que estaban siendo conocidas ante el Poder Judicial. En segundo lugar, suspendió la tramitación de las postulaciones, contra la obligación legal que le asiste de resolver. Por último, omitió dirigir y controlar a su cartera en la correcta aplicación de la ley”.
En segundo lugar, se le impugna haber “infringido la Constitución al conceder reducciones de condena a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad sin aplicar lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, promulgado por el Decreto N°104, de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicho instrumento se integra al ordenamiento jurídico a través del inciso segundo del artículo 5° de la Constitución, que obliga a los órganos del Estado a respetar y promover los derechos humanos. Al prescindir de él, el ministro omitió verificar el cumplimiento de los requisitos que exige para la reducción de penas impuestas por tales crímenes".
Y en tercer lugar, se le acusa de “haber infringido la Constitución y las leyes, al haber faltado a la verdad, entregado información inexacta o incompleta y omitido antecedentes relevantes al H. Congreso Nacional y a la opinión pública, vulnerando el deber de probidad, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, y en los artículos 52 y 53 del decreto con fuerza de ley N° 1-19653, de 2000″.
Este lunes, además, se dio cuenta formalmente de la acusación constitucional en la Sala de la Cámara de Diputados.
Decretos firmados
En el escrito se da cuenta también de los decretos supremos firmados por el ministro Rabat y sus subsecretarios, entre ellos Luis Silva, quien fuera subsecretario de Justicia y que hasta ahora es la única baja en medio de la crisis.
En el caso de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales, se detallan un total de 22 decretos, aunque se advierte que no son la totalidad de ellos, sino a los que se tuvo acceso previo a la presentación del libelo. Lo que se sabe es que son 54 decretos en total para beneficiar a abusadores y violadores infantiles.
Las disminuciones de condenas de los casos mencionados van de los cinco meses a los 31 meses. 12 de estos decretos están firmados por Rabat, ocho por el exsubsecretario Silva y dos el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.
En este punto, se señala que “con esto el ministro acusado modificó un criterio asentado en la Administración del Estado por ‘la conveniencia de evitar litigios’”.
En el texto, además se detallan los tres casos de rebaja de penas a condenados por crímenes contra los derechos humanos.
Uno de ellos corresponde a Miguel Segundo Arias Navarrete, excabo de Carabineros, condenado a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales, por el secuestro calificado de Justo Flores Martínez en 1973. El decreto, se señala, le redujo la condena en nueve meses y fijó como nueva fecha de término el 14 de marzo de 2026, en lugar del 14 de diciembre de 2026.
El segundo benefició a Manuel del Carmen Cabezas Pérez, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, condenado a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo más accesorias legales y costas por la aplicación reiterada de tormentos con resultado de lesiones graves a Patricio Rivera Cornejo y Ramón Pavez Casanova en la Base Aérea El Bosque. Al acusado se le redujo la condena en ocho meses y fijó como nueva fecha de término el 28 de marzo de 2026, en lugar del 28 de noviembre de 2026.
Estos dos fueron firmados por el ministro Rabat. Se apunta que en ninguno “consta, además, que alguno de ellos haya reconocido su participación, colaborado en el esclarecimiento de los hechos o reparado a las víctimas, ni que los decretos se refieran a esas circunstancias”.
Un tercero fue firmado por Mira. Se trata del decreto en favor de César Luis Acuña Luengo, exagente de la Central Nacional de Informaciones, condenado por la Corte Suprema el 21 de marzo de 2017 a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio por el secuestro calificado de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en septiembre de 1987, cuyos restos no han sido encontrados.
“Por decreto exento de 20 de mayo de 2026, firmado por el subsecretario de Derechos Humanos, don Pablo Mira Hurtado, como ministro subrogante, y precedido de un informe favorable de 30 de abril de 2026 del entonces subsecretario de Justicia, don Luis Silva Irarrázaval, evacuado en el Amparo Rol N° 1790-2026 de la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago, se le redujo la condena en diecinueve meses, y se fijó como nueva fecha de término de condena el día 02/10/2025, en lugar del 2 de mayo de 2027. El decreto se dictó al día siguiente de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un amparo de la defensa por la demora en resolver", se lee en el libelo.