A más de un año desde que se instaló el Centro de Reinserción Social de Gendarmería Santiago-Oriente en la comuna de Ñuñoa, vecinos han manifestado su descontento al punto que hoy se reunirán con el alcalde Sebastián Sichel y el Concejo Municipal.
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A más de un año de la instalación de un Centro de Reinserción Social (CRS) de Gendarmería continúan los problemas para los vecinos del sector de José Domingo Cañas en Ñuñoa. En este contexto, tras quejas de los residentes, esta tarde se realizará una audiencia pública en la que participará el alcalde Sebastián Sichel y el consejo municipal.
El descontento no es nuevo, cabe recordar que hace un año, muchas personas que residen en el barrio, presentaron quejas por la instalación del inmueble de Gendarmería. En este, las personas condenadas a penas sustitutivas (no privativas de libertad), son controladas por el personal profesional de la institución.
En la invitación enviada a los vecinos se lee que actualmente al CRS acuden a firmar tres mil condenados de nueve comunas del sector oriente de la Región Metropolitana, convirtiéndose –según informan– en un conflicto para quienes viven por la zona.
Por lo mismo, tras conseguir las firmas de 250 residentes, esta tarde se realizará una audiencia pública para que el alcalde y el concejo escuchen a los vecinos y tomen las medidas correspondientes. La convocatoria es a participar de esta instancia para que puedan manifestar sus reclamos y ser escuchados por la autoridad municipal.
La llegada del inmueble de Gendarmería a Ñuñoa
El comunicado enviado a los vecinos señala que el entorno no cuenta con las condiciones necesarias para absorber las externalidades propias de un servicio de estas características, como problemas relacionados con la seguridad y el orden público.
Aunque ahora se van a juntar con las autoridades para presentar sus quejas, Ñuñoa mostró rechazo y se enfrentó públicamente con el gobierno desde el momento de la instalación del CRS. En ese entonces, señalaron que afectaba directamente la tranquilidad de los residentes.
Posteriormente, un grupo de vecinos interpuso un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la habilitación del Centro de Reinserción Social en un inmueble de uso residencial, sin consulta ni aviso previo. Recurso que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó.
De esa forma, el año pasado se estableció que el CRS no corresponde a una cárcel ni centro de detención, sino a un establecimiento destinado al seguimiento y control de personas condenadas a penas sustitutivas, lo que no infringe el Plan Regulador de Ñuñoa.
Además, se indicó que el inmueble habilitado para oficinas, no contraviene las normas urbanísticas, ya que su uso es acorde con la recepción final aprobada por la Dirección de Obras Municipales y al no ser un centro penitenciario no infringe la ley.
Fuente: The Clinic
