La UDI llevó los antecedentes de la cuestionada atención hospitalaria de la madre de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, hasta el Ministerio Público apuntando a un posible tráfico de influencias.
Un informe de la Contraloría General de la República dio cuenta de gestiones realizadas desde el entorno de la exautoridad para coordinar la atención de su madre en el Hospital Salvador; entre ellas, un contacto del jefe de asesores con funcionarios del hospital, lo que derivó en la apertura de un sumario administrativo.
El diputado Daniel Lilayu (UDI) indicó que "acá claramente se faltó a la probidad administrativa. Aquí hubo hechos que tienen que ser investigados por la justicia. No puede haber ningún chileno sobre otro, no puede haber tráfico de influencia".
"Fundamentalmente nuestro escrito se basa porque se contraviene una parte del (artículo) 240 bis del Código Penal, en el cual hay tráfico de influencia y eso está penado por la ley. Pedimos que sea sancionado penalmente todas las personas que sean responsables", explicó.
En paralelo, el Partido Nacional Libertario avanza en una acusación constitucional contra la exministra, apuntando a posibles vulneraciones al principio de probidad y al uso de la función pública.
"Ya tenemos avanzado un texto y hoy día vamos a salir a recopilar las firmas. Entendemos que ya deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusar a la ministra Aguilera por, básicamente, abusar de su puesto, por la ley de probidad y por la obligación que tenía, si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales al haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes en la lista de espera", dijo el diputado Hans Marowksi (PNL).
Diferencias políticas por eventual acusación
Aunque existe consenso en la gravedad de los hechos detectados por Contraloría, la forma de abordar la responsabilidad política de la exautoridad genera distintas posturas.
Desde Chile Vamos, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) manifestó que no quiere "prejuzgar" y que espera que la propia ministra aclare la situación. "Yo creo que hay que ser especialmente cuidadoso en materia de salud, porque hay muchas personas que están esperando y no puede parecer que una autoridad pública se salta la fila", advirtió.
Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) consideró que: "Habrá que ir tomando las decisiones del caso a partir de que vayamos teniendo esos antecedentes, porque evidentemente son casos graves y lo que la ciudadanía espera es que investiguemos cada una de las aristas".
En la otra vereda, la oposición también fijó postura: "Mientras tanto eso no esté claramente detallado por la justicia, nosotros nos vamos a omitir de emitir juicios de carácter político", sostuvo el diputado Raúl Soto (PPD).
En la misma línea, el diputado Marcos Ilabaca (PS) indicó que el Partido Nacional Libertario se inicia en este proceso para "tratar de ganar cierto nivel de figuración pública".
Fuente: Cooperativa
