Parlamentarios oficialistas analizan acciones políticas y judiciales luego de que la Contraloría General de la República confirmara gestiones del entonces jefe de asesores del Ministerio de Salud, Manuel Nájera, para advertir al Hospital del Salvador sobre la llegada de la madre de la exministra Ximena Aguilera, lo que derivó en una atención más expedita que en casos similares.
De acuerdo con el informe del ente fiscalizador, la paciente fue admitida, evaluada y con exámenes en trámite en cerca de seis horas, sin que se identificaran razones que justificaran un trato preferente, lo que, según el documento, no se ajusta al principio de igualdad ante la ley.
Tras conocerse estos antecedentes, el integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Andrés Celis (RN), afirmó que "analizarán incluso una posible acusación constitucional o una querella por tráfico de influencias contra la exsecretaria de Estado".
Para la diputada Joanna Pérez (ind), este caso "rompe la fe pública. La ministra negó que hubiese existido algún tipo de contacto para priorizar a su familiar, y acá se constata que esto no es así".
De todos modos, no se comprometió con apoyar un eventual libelo, limitándose a señalar que "cuando existe mérito no solo político, sino que también jurídico, hemos concurrido a este tipo de acusaciones".
Tampoco quiso garantizar su respaldo el republicano Agustín Romero: "Como bancada, vamos a actuar con responsabilidad. No vamos a adelantarnos en decisiones sin analizar todos los antecedentes", anticipó.
Por lo pronto, el diputado UDI Daniel Lilayú anunció que volverá a recurrir al Ministerio Público para que se indague un eventual delito de tráfico de influencias en este caso.
Oposición cree que un libelo sería "excesivo"
Desde la otra vereda, el diputado socialista Marcos Ilabaca sostuvo que "en estos días que llevan de Gobierno, (la derecha) ha intentado enlodar el trabajo de los ministros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric".
"Lamentaría mucho que, por un drama humano que le tocó vivir a una ministra de Estado, llegar a iniciar una acusación constitucional para tratar de inhabilitar a esa ministra para ejercer cargos públicos, creo que es excesivo", aseguró.
En tanto, la diputada Carolina Cucumides (ind-PS) matizó que en casos como el que enfrentó la exministra, "uno tiene que hablar con los equipos. De repente, estos van más allá de las autoridades por tratar de resolver".
Respecto de las acciones fiscalizadoras, añadió que "las instituciones tienen que seguir su curso, e investigar y sancionar cuando corresponda".
Fuente: Cooperativa
