En una tensa jornada en el Congreso, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, salió en defensa de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y calificó de "machista y vejatorio" el trato de la oposición hacia la secretaria de Estado, cuestionada por su presunta injerencia en el retiro de la prefecta general Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones (PDI).
La controversia escaló durante la comparecencia de la otrora fiscal regional ante la Comisión de Seguridad del Senado; cita que tenía como objetivo discutir las prioridades legislativas de su cartera ministerial, pero cuyo debate se vio marcado por las preguntas del senador socialista Juan Luis Castro respecto a su eventual participación en la salida de la ahora ex subdirectora de Inteligencia de la policía civil.
Steinert negó cualquier incidencia y también abordó versiones que apuntan a una supuesta "pasada de cuentas" por el traslado del subprefecto Mauricio Fuentes.
"Esta decisión fue institucional. Alguna injerencia mía, no (...) Yo soy una madre además y es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela que no ha sido desde el punto de vista, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así, pero también, como eso no prendió, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot o algo así", declaró la titular de Seguridad.
Desde la Cámara Baja, el diputado Araya manifestó su indignación, asegurando que "aquí se está faltando el respeto a una ministra de Estado".
"Me parece impresentable e indignante que tenga que estar enfrentando incriminaciones absurdas. Tenemos muchos compatriotas que están siendo víctimas de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y que la oposición nos esté haciendo perder el tiempo en esto, teniendo un trato machista y vejatorio con la ministra Steinert, es impresentable", concluyó.
Pese al descargo, el conflicto no ha terminado. Aunque el senador Castro dio por honesta la respuesta de la ministra, la Contraloría General de la República deberá dirimir si el oficio enviado por Steinert a la PDI —solicitando datos sobre causas específicas— vulneró la autonomía de la institución o se ajustó a sus facultades legales.
Fuente: Cooperativa
