"El punto no es si el PNL apoyará o no al gobierno en materias emblemáticas. Lo relevante es si su estrategia contribuirá a estabilizar el sistema o a reforzar dinámicas de polarización dentro del propio sector", plantea Marco Moreno en su columna semanal con The Clinic en la que analiza el rumbo del proyecto político del Partido Nacional Libertario frente al próximo gobierno de José Antonio Kast.
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La política vive una breve tregua estival. Entre el anuncio del equipo de gobierno —ministros y subsecretarios—, los últimos días del receso legislativo y las vacaciones del presidente electo José Antonio Kast, el sistema parece suspendido en una pausa transitoria, solo interrumpida por los cuestionamientos al designado subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.
Pero es una calma engañosa. Marzo traerá el retorno masivo de veraneantes, el reinicio laboral y estudiantil, y con ello la reactivación plena de la agenda política en la antesala del cambio de mando. La temperatura subirá rápido a pesar del fin del verano.
En ese contexto, la apuesta del Partido Nacional Libertario (PNL) y su autodefinición como “oposición amigable” merecen una lectura que vaya más allá del titular. En un presidencialismo con fragmentación partidaria creciente, la clásica distinción entre oficialismo y oposición se vuelve insuficiente. Lo que emerge es una arquitectura de apoyos condicionados, donde partidos pequeños pueden ejercer influencia sin asumir responsabilidad directa de gobierno.
Desde la teoría de sistemas de partidos, sabemos que las colectividades emergentes enfrentan un dilema estratégico: diferenciarse para consolidar identidad o cooperar para incidir en políticas públicas. El PNL intenta resolver esa tensión con una fórmula híbrida: apoyo programático al Ejecutivo, pero vigilancia ideológica permanente. No redactaron el programa, pero se presentan como sus custodios. Las llamadas “líneas rojas” no son solo un límite al gobierno; son también una herramienta de posicionamiento propio.
Con ocho diputados y una senadora, el PNL no es marginal, pero tampoco determinante en solitario. Su poder reside en mayorías estrechas y en la capacidad de amplificar debates. En términos de teoría legislativa, puede operar como un actor bisagra en el flanco derecho: no para moderar, sino para evitar desplazamientos hacia posiciones más pragmáticas o transaccionales. La “oposición amigable” es, en rigor, una estrategia de autonomía condicionada.
El liderazgo de Johannes Kaiser refuerza esta lógica. Su capital es principalmente comunicacional. Ha construido una comunidad política sobre la base de la interpelación directa y la crítica frontal al Estado interventor. El desafío será traducir esa potencia discursiva en eficacia legislativa. La experiencia comparada muestra que los liderazgos altamente personalizados tienden a tensionar la disciplina partidaria y la coordinación estratégica. Si el énfasis en las “líneas rojas” se convierte en maximalismo, puede incomodar al propio gobierno que declara respaldar.
En el Senado, Vanessa Kaiser ha anunciado que su foco estará en la llamada “batalla cultural”. Este no es un eje menor. En contextos de polarización afectiva, la disputa por marcos simbólicos —familia, libertad individual, rol del Estado— puede ser tan relevante como la tramitación de leyes. Más que construir mayorías, el PNL buscará moldear el clima de opinión y fijar los términos del debate. La hegemonía cultural precede, muchas veces, a la institucional.
Ahora bien, desde una perspectiva prospectiva, es aquí donde se abre una interrogante más delicada: ¿cuál es la verdadera vocación del PNL respecto de la gobernabilidad? La estrategia libertaria e identitaria puede ser eficaz para consolidar nicho electoral, pero también conlleva riesgos sistémicos. Si el gobierno de José Antonio Kast opta por un diseño de mayor amplitud —como ha insinuado al hablar de unidad nacional y acuerdos transversales—, la presión constante desde su flanco derecho puede erosionar ese intento antes de que se consolide.
En regímenes presidenciales sin mayoría propia, la gobernabilidad depende de coaliciones estables o al menos previsibles. Un actor que se declara “amigable” pero mantiene la amenaza latente de marcar distancia en cada concesión relevante introduce un factor de incertidumbre estratégica. El riesgo no es necesariamente el veto explícito, sino la fragmentación del bloque oficialista en debates sensibles. La apelación permanente a “líneas rojas” puede transformar cualquier negociación en un test de pureza ideológica.
En ese escenario, el PNL enfrenta una decisión que será clave para el ciclo político: actuar como fuerza de consolidación del gobierno o como instancia de fiscalización identitaria permanente. Lo primero le permitiría incidir en políticas públicas y ampliar su legitimidad. Lo segundo podría fortalecer su coherencia doctrinaria, pero a costa de tensionar la arquitectura de apoyos que requiere el Ejecutivo para sostener reformas estructurales.
Desde una mirada de análisis político prospectivo, el punto no es si el PNL apoyará o no al gobierno en materias emblemáticas. Lo relevante es si su estrategia contribuirá a estabilizar el sistema o a reforzar dinámicas de polarización dentro del propio sector. La experiencia comparada muestra que los gobiernos que deben administrar presiones simultáneas desde la oposición y desde sus flancos internos tienden a perder capacidad de agenda y coherencia estratégica.
La tregua de febrero es breve. Marzo no solo pondrá a prueba al nuevo gobierno, sino también a quienes, declarándose amigos, deberán decidir si su aporte será de consolidación o de tensión permanente. La “oposición amigable” puede ser una fórmula inteligente en el corto plazo. Pero, en términos de gobernabilidad y diseño de coalición, sus efectos merecen atención. Allí se juega algo más que identidad partidaria: se juega la estabilidad del nuevo ciclo político.
Fuente: The Clinic
