En el marco de un foro internacional organizado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (USS) —donde se reveló que en 2025 se registraron 94.874 delitos asociados al crimen organizado y que un 25% de las comunas del país presenta un nivel crítico—, el Gobierno anunció este jueves que elabora un proyecto de reforma para elevar la regulación de la seguridad pública a rango constitucional.
La iniciativa, liderada de manera conjunta por el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, busca consagrar el combate a la delincuencia en la Carta Magna con el fin de consolidar una política de Estado de carácter permanente.
"Estamos trabajando junto con el Ministerio de Seguridad Pública en analizar una reforma constitucional que permita hacer efectiva una realidad: hoy necesitamos todos trabajar en conjunto en lo que se refiere a la seguridad pública y, como se trata de seguridad pública, esperamos tener un apoyo transversal desde el punto de vista político", sostuvo el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
En esa misma línea, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, anticipó una firme postura para viabilizar el proyecto en el Congreso: "Si usted me pregunta: '¿van a estar los votos?', (mi respuesta es que) van a tener que estar los votos. Si hay alguien que dice que la seguridad pública no debería estar dentro de la Constitución, que argumente y les explique a los chilenos por qué se opuso a esa reforma constitucional", advirtió.
"Si hay un elemento importante de tener las mayorías que tenemos en el Congreso y que tengamos el Presidente que tenemos en La Moneda es precisamente lo que están pidiendo todos los chilenos: tener un estándar mayor en materia de seguridad, y eso lo vamos a plasmar en la Constitución", agregó el parlamentario.
Reacciones en el Congreso
La propuesta de constitucionalizar la seguridad, sumada al debate de proyectos como la regulación de la legítima defensa privilegiada para las policías, generó inmediatas reacciones en el espectro político.
Desde Chile Vamos, el senador Andrés Longton (Renovación Nacional) valoró la señal de transversalidad institucional: "Me alegro tanto de que el exministro (de Seguridad Luis) Cordero se haya reunido en reiteradas ocasiones con el ministro (Martín) Arrau, porque hemos estado en seguridad constantemente en la trinchera política y creo que los sectores moderados, de izquierda o derecha, tenemos una gran oportunidad", destacó el legislador.
En contraste, desde la oposición, el diputado Marcos Barraza (Partido Comunista) enfatizó la urgencia social del problema, aunque cuestionó la gestión del Ejecutivo.
"El problema de la seguridad pública agobia a las familias, les da intranquilidad y temor, y hay que actuar con todas las herramientas que posibilita la institucionalidad para la persecución del delito, para la sanción a quienes cometen crímenes y para dar principalmente tranquilidad y seguridad a las familias", afirmó el congresista.
Sin embargo, Barraza recriminó el ritmo de la agenda legislativa del oficialismo: "El Gobierno de Chile, el actual Gobierno, ha perdido tiempo privilegiado del orden de cinco meses en debates estériles en materia de seguridad pública", aseveró.
Radiografía del crimen organizado
El informe expuesto durante el foro en la USS dio cuenta de la gravedad del diagnóstico territorial: de las 346 comunas del país, 85 presentan niveles críticos frente al crimen organizado (una de cada cuatro).
De ese grupo de comunas con indicadores más complejos, 35 se sitúan en la Región Metropolitana, aunque la Macrozona Norte del país concentra la mayor criminalidad.
Asimismo, el texto señala que las drogas y armas siguen siendo los principales mercados ilícitos.
Fuente: Cooperativa
