El mandamás del fútbol argentino fue procesado junto al tesorero de la AFA por el delito de apropiación indebida de tributos y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
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Este lunes, el escándalo judicial que remece a las altas autoridades del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero del organismo, Pablo Tiviggino, fueron procesados por el delito de apropiación indebida de tributos y aportes de la seguridad social que la entidad por $19.300 millones de pesos argentinos, equivalentes a US$ 13,8 millones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
A su vez, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante fijó un embargo de $350 millones de pesos (US$250 mil) y deberán cumplir una serie de restricciones: establecer un domicilio permanente, no ausentarse por más de 72 horas sin aviso y la prohibición de salir del país, aunque se detalló una excepción para el mandamás del fútbol argentino.
“Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento”, sostuvo Amarante según consignó El Clarín.
El escándalo que remece a la AFA
El juez también procesó al ex y al actual secretario general de la AFA, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, respectivamente, y al gerente general de la entidad, Gustavo Lorenzo. A ellos el magistrado les levantó la prohibición de salida del país y les dictó embargos de 350 millones de pesos a Lorenzo y de 150 millones a Blanco y Malaspina. También les impuso las mismas pautas a cumplir que a Tapia y Toviginno.
En suma, fueron 34 hechos de apropiación de tributos y 17 de aportes de la seguridad social. También fue procesada la AFA como entidad.
“Se encuentra acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la participación dolosa de Claudio Fabián Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Gustavo Roberto Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Ariel Malaspina -estos dos últimos, según el período de intervención que en cada caso se encuentra acreditado en autos- en los hechos investigados”, recalcó el magistrado.
Cabe recordar que esta investigación surgió tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Fuente: The Clinic
