Este domingo se desarrolló la segunda jornada de formalización del denominado caso ProCultura, una de las aristas del caso Convenios, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, investigación que indaga el traspaso de más de 1.600 millones de pesos desde el Gobierno Regional Metropolitano a la ONG ProCultura.
En esta etapa del proceso, el Ministerio Público formaliza a cinco imputados por el delito de fraude al fisco, mientras continúa exponiendo los antecedentes que, a su juicio, dan cuenta de irregularidades en la adjudicación y ejecución del convenio.
En paralelo, una fuente de la Fiscalía confirmó que el actual gobernador metropolitano, Claudio Orrego, tiene calidad de imputado en esta arista, aunque por ahora no ha sido formalizado, debido al fuero especial que le asiste por su cargo.
Para avanzar en ese sentido, el Ministerio Público solicitó su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que aún no fija fecha para conocer los alegatos.
El abogado querellante en la causa en representación de la UDI, Pablo Toloza, explicó que la ley impide formalizar al gobernador mientras mantenga su fuero, en caso de que la Fiscalía busque medidas cautelares de mayor gravedad.
"El gobernador Orrego está imputado en esta causa, pero no puede ser formalizado si el Ministerio Público pide medidas cautelares más gravosas. Lo que corresponde, de acuerdo a nuestra legislación, es el desafuero, y eso es lo que ha solicitado la Fiscalía, lo que está pendiente en la Corte de Apelaciones de Santiago", señaló el jurista.
"Cada vez que el fiscal hace mención de un hecho aparece involucrado el gobernador Claudio Orrego. Creo que esto amerita obviamente que la Corte de Apelaciones de Santiago ponga en tabla, en un tiempo prudente y corto, el desafuero del gobernador Claudio Orrego", subrayó.
El abogado defensor de Larraín, Cristián Arias, apuntó que "pareciera ser que falta un imputado en esta audiencia. Lo digo solo en el sentido de que el Ministerio Público menciona demasiado a otra persona distinta de las personas que están siendo formalizadas en esta audiencia. Entonces, parece ser que el Ministerio Público se dirige en contra de otra persona".
Fiscalía pidió prisión para detenidos
Durante esta jornada, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para cuatro de los cinco formalizados, entre ellos Alberto Larraín, cofundador de ProCultura.
La audiencia tuvo retrasos luego de que el abogado Mario Valenzuela, defensor de María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la fundación, abandonara la causa, quedando su representación a cargo de la Defensoría Penal Pública.
Superado ese incidente, el Ministerio Público continuó con la exposición de los antecedentes del caso.
Foto: ATON
Hasta ahora, solo uno de los imputados tiene medida cautelar decretada. Se trata de Gabriel Prado, quien fue contratado por el Gobierno Regional Metropolitano para vincularse con ProCultura, y respecto de quien la Fiscalía estimó un menor grado de participación.
Prado quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Su abogado y hermano, Alfonso Prado, sostuvo que la participación de su representado es distinta a los hechos investigados.
"Una vez formalizado y revisada la carpeta se van a poder ver bien los antecedentes. Derechamente tiene una participación distinta a los ilícitos que investiga el Ministerio Público. Los hechos investigados corresponden al año 2022 y mi representado aparece contratado en 2023", afirmó.
Audiencia suspendida hasta el lunes
A través de un comunicado, la Fiscalía informó que "la audiencia fue suspendida poco después de las 17 horas, en momentos que el fiscal de Alta Complejidad, Cristian Aguilar Aranela, fundamentaba ante el tribunal la petición de medidas cautelares formulada por el Ministerio Público".
"La audiencia se retoma mañana, a las 10 horas, con el resto de la exposición del fiscal, para luego dar paso a querellantes y defensas", agregó el ente persecutor.
Se espera que las definiciones respecto de los imputados restantes se adopten entre martes y miércoles.
Gobierno: "Esperamos que todos los involucrados paguen"
El Gobierno entregó su postura de este caso a través del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien enfatizó que "en todos los casos que implican algún tipo de corrupción o mal uso de los recursos públicos" los responsables "tienen que enfrentar la justicia, rendir cuentas y enfrentarse a todo el peso de la ley".
"Es intolerable que cualquier tipo de recurso público sea desviado o tenga un uso que no sean las urgencias más sentidas por la ciudadanía. El uso de los recursos públicos es fundamental resguardarlos con todo el rigor de la ley. Como Gobierno siempre hemos estado dispuestos a colaborar tanto con la Contraloría General de la República como con la justicia y esperamos que todos los que estén involucrados en estos casos paguen", afirmó la autoridad.
Fuente: Cooperativa
