La Fiscalía de Viña del Mar formalizó por estafa reiterada a la banquetera Natalia Álvarez, propietaria de la empresa Probarte.
La imputada, quien operaba como banquetera oficial del Club Naval de Campo Las Salinas e incluso organizó la Gala del Festival de Viña 2025, está acusada de abandonar múltiples celebraciones de matrimonios antes de su inicio, dejando a novios e invitados sin comida, mobiliario ni servicio.
Entre las decenas de víctimas se encuentra la nieta del actor Juan Alcayaga, conocido popularmente como "Don Carter", quien en diciembre de 2025 visibilizó a través de un video el enorme daño emocional y económico provocado por la productora.
El fiscal a cargo de la causa, Leonel González, detalló que "el día de ayer (martes) se decretó la prisión preventiva de la imputada, que desempeñó funciones como banquetera para un conjunto de matrimonios celebrados en el curso del año pasado, estimando el tribunal que cada una de las contrataciones que ella realizó es constitutiva de un delito".
En esa línea, el persecutor enfatizó el carácter penal de los hechos, asegurando que "esto fue una declaración que entonces despeja de inmediato que estamos frente a un simple incumplimiento civil".
La escala del engaño configura un escenario judicial complejo para la banquetera, tanto por el volumen de los afectados como por la estructura corporativa que utilizó para operar.
"Las parejas que resultaron afectadas superan las 60 y el perjuicio también supera los 120 millones de pesos. La empresa que actuó en este caso es la empresa Probarte y también fue objeto de formalización el delito económico que subyace a la ejecución de este tipo de fraudes bajo el alero de una persona jurídica", especificó el fiscal.
Fiscalía apela tras la liberación bajo fianza
Pese a la gravedad de los cargos, la imputada logró eludir la cárcel temporalmente tras pagar una fianza, una decisión que el Ministerio Público busca revertir de inmediato en los tribunales de alzada.
"La resolución concedió la posibilidad de obtener la excarcelación de la imputada estimando que el peligro de fuga es lo que autoriza decretar su prisión preventiva. Esa parte la resolución no nos deja conforme, razón por la cual se entabló un recurso de apelación tendiente a revertir lo resuelto, porque genuinamente lo que está involucrado en este caso es un peligro para la seguridad de la sociedad, atendido el número de delitos cometidos", argumentó el fiscal.
González concluyó que se debe ponderar "la pena probable a aplicar, puesto que la magnitud del perjuicio hace que con facilidad la pena sea de cumplimiento efectivo, de manera que no compadece que la imputada quede en libertad pagando una caución que en este caso fue de 5 millones de pesos y que a la vuelta de unos pocos minutos consiguió su libertad, lo que no es coherente con el perjuicio que ella provocó".
Fuente: Cooperativa Pais
