El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informó este lunes que dos operativos de la Estrategia de Fortalecimiento Operativo Preventivo (EFOP) dejaron 342 detenidos en la Región Metropolitana, además de 24 armas de fuego incautadas y 106 vehículos retirados de circulación.
El balance fue entregado tras un comité policial encabezado por el secretario de Estado y con participación de los altos mandos de Carabineros y la PDI, además de representantes de Gendarmería, Directemar, la ANI y el Ministerio del Interior.
Del total de aprehendidos, 123 mantenían órdenes pendientes y los otros 219 fueron sorprendidos en flagrancia.
El trabajo policial fue focalizado en sectores con mayor incidencia de encerronas, turbazos y otros delitos durante la noche. En ese marco, el primer operativo contó con cerca de 1.700 efectivos, 11.000 controles preventivos y 10 armas de fuego incautadas.
En el segundo procedimiento, en tanto, se incautaron otras 14 armas y 106 vehículos fueron retirados de circulación.
Arrau sostuvo que estos procedimientos "van generando resultados" y señaló que el trabajo policial continuará focalizado en sectores de mayor complejidad durante los próximos días.
Propuesta de "Ley Alejandro"
En la misma actividad, el ministro también valoró la propuesta de "Ley Alejandro", impulsada por la familia del niño de 12 años asesinado durante una encerrona en San Bernardo, que busca aumentar las penas contra adolescentes que cometan delitos de alta connotación.
"Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias", señaló el secretario de Estado.
Arrau agregó que "nuevas iniciativas que abran este debate son positivas" y afirmó que el Gobierno apoyará propuestas en esa línea, pues considera que "el sistema hoy día no está dando buena respuesta".
Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, recordó que en el Senado ya existen proyectos en trámite sobre esta materia, entre ellos una iniciativa del senador Andrés Longton (RN) que establece penas más altas para delitos graves y violentos.
El Presidente José Antonio Kast anunció reuniones con familias víctimas de la violencia tras su gira internacional. (FOTO: ATON)
Mientras que el Presidente José Antonio Kast, antes de partir a su gira oficial por Paraguay y Uruguay, subrayó que el problema radica en cómo las bandas delictuales utilizan a los menores como herramientas para sus operaciones.
"A mi regreso de esta gira que comienzo hoy a Paraguay y Uruguay, vamos a tener la posibilidad de acoger a las familias (víctimas de estos delitos violentos), conversar con ellas, plantearles que esto es un tema que viene de muchos años", puntualizó el Mandatario.
En esta línea, advirtió que "lamentablemente no habíamos tenido hasta ahora conciencia, quizás total en el Parlamento, de que debemos avanzar en una legislación que enfrente esta nueva situación que a todos nos tiene golpeados, que es que jóvenes sean instrumentalizados por el crimen organizado".
"Estamos preparando alternativas para enfrentar esta situación", enfatizó el secretario de Estado.
El padre de Alejandro, Fabio Águila, afirmó que "ninguna condena les devolverá a su bebé", pero enfatizó que "hay que promover una ley que se llame Alejandro. Esta norma busca que, independientemente de su edad, quienes participen en encerronas u otros delitos u otros hechos de violencia en grupo cumplan condena efectiva sin beneficios".
"(También) proponemos que exista una atención provisoria que permita a las víctimas y a sus familias salir adelante, mientras logran reinsertarse en su vida laboral y social. Finalmente, les pido que no se olviden de Alejandro, por favor", clamó el hombre a las autoridades.
Proyecto sobre responsabilidad penal adolescente
En paralelo, diputados de la UDI pidieron al Gobierno poner máxima urgencia a un proyecto presentado por esa bancada en 2018, que busca rebajar a 13 años la edad de responsabilidad penal adolescente y sancionar como adultos a los mayores de 16 años que sean reincidentes o participen en delitos de alta connotación social.
Bancada diputados UDI
El llamado fue realizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, junto a los integrantes de la comisión de Seguridad Ciudadana Jaime Coloma y Eduardo Cretton, quienes también solicitaron acelerar una segunda iniciativa para impedir que los antecedentes penales de menores de edad sean eliminados al cumplir 18 años.
"En la actualidad, nuestro país enfrenta una realidad muy distinta a la que existía hace una o dos décadas. La participación de menores de edad en delitos violentos y en organizaciones criminales ha aumentado de manera muy preocupante", advirtieron los parlamentarios.
Los diputados argumentaron que las bandas delictuales utilizan a menores de edad para cometer delitos graves, debido a las menores sanciones que contempla el sistema, y plantearon que el Congreso debe revisar si la legislación vigente sigue siendo adecuada.
"Una sociedad que exige más seguridad también espera que quienes reinciden una y otra vez enfrenten sanciones acordes con la gravedad de sus actos. Ese es un debate que nuestro país no puede seguir postergando", señalaron Alessandri, Coloma y Cretton.
En la misma línea, el diputado Francisco Orrego (RN) sostuvo que "una persona que tiene 16 años de edad y salió a cometer un delito grave, como homicidio o violación, tiene que responder como adulto. Tenemos que bajar la edad de responsabilidad penal adolescente a esa edad".
En la vereda contraria, la diputada FA Gael Yeomans criticó el enfoque del proyecto: "Esta no es la primera vez que la derecha está buscando que los niños, cada vez con menos edad, estén en la cárcel", dijo.
"Hemos propuesto otra solución, que es hacer responsables a los que están detrás, que son los adultos, los jefes, los que financian el narcotráfico y las bandas criminales que, lamentablemente, tienen en esta situación al país", expresó.
Fuente: Cooperativa
