En medio de los intensos cuestionamientos transversales y las dudas provenientes del propio oficialismo respecto a la reforma constitucional del Ejecutivo en materia de seguridad, el ministro Martín Arrau acusó este jueves una "campaña" de tergiversación contra la propuesta legal.
Las críticas aumentaron en las últimas horas luego de que los académicos Arturo Fontaine (Universidad de Chile) y Javier Couso (Universidad Diego Portales) advirtieran que la iniciativa acercaría al país a un "autoritarismo legal" o a una "dictadura constitucional".
Ello, principalmente por la facultad que otorgaría al Presidente de la República de declarar hasta por ocho meses un nuevo estado de excepción sin autorización del Congreso, con la posibilidad de reponerlo tras solo una o dos semanas de pausa.
Al ser consultado sobre estos planteamientos de los especialistas, y pese a que desde la derecha tradicional han surgido voces que sugieren desechar el nuevo estado de excepción para viabilizar el resto de la agenda legislativa en la materia, el titular de Seguridad -que participó de una actividad junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes- cuestionó el origen de las críticas.
"Yo no veo dónde ciertos políticos, periodistas, doctores en derecho y algunas personas que son más bien opinólogos sacan epítetos como los que usted dice", dijo Arrau.
El ministro enfatizó en las otras herramientas de la reforma: "Queremos un listado de organizaciones de crimen organizado y terrorismo -que existe en muchísimos países- con normas que son menos estrictas que las que existen en muchos países, todos desarrollados y muy ejemplares para nosotros; un régimen penitenciario que existe en muchos países como en Italia, que es ejemplo en esto, y un estado de excepción para poder intervenir intensamente barrios, puntos críticos, para desarmar el crimen".
"Uno también es paciente, conversa con muchas personas, explica, pero sale una campaña... No sé, no la quiero llamar de desinformación, pero con epítetos que claramente no se condicen con el texto que hemos presentado", aseveró.
En una postura similar, alcalde Mario Desbordes también arremetió contra los académicos que criticaron de la reforma al afirmar que se trata de "una discusión de élite porque se produce desde zonas donde no sufren estos problemas".
"Esto es como un déjà vu porque son los mismos académicos que decían que la Ley Naín-Retamal se iba a transformar en una ley de gatillo fácil. Son los mismos que constantemente están defendiendo a la delincuencia", dijo el jefe comunal de Santiago.
Senador Flores: "Una reforma absurda que pretende pasar gato por liebre"
Más temprano, en entrevista con El Diario de Cooperativa, el vicepresidente del Senado y parlamentario de la UDI, Iván Moreira, admitió que la reforma de seguridad "no está exenta de errores", y que Arrau, junto a asesores con poca experiencia y voces oficialistas impugnadoras, dejaron "expuesto al Presidente".
En el afán de "darle una salida" a la crisis, el legislador abogó por cambios sustantivos: "Si es necesario modificarla en un 80%, se modificará", apuntó.
En tanto, el senador Iván Flores (DC) aseguró que desde el Ejecutivo "no tienen ninguna posibilidad de conseguir los votos de una reforma constitucional absurda que con el titular de la seguridad pretende pasar gato por liebre".
"No intenten hacer maquillaje ni nada por el estilo y entremos a picar directamente en materia en proyectos de ley de seguridad y con ello olvídense de la reforma constitucional de una vez", fustigó.
Asimismo, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que "si le van a cambiar los plazos, si le van a cambiar los controles legislativos, si van a definirse distintas maneras intrusivas en las telecomunicaciones ¿por qué no dejamos el estado de emergencia como está?".
"No hay hoy día mérito suficiente para abrir a un quinto estado de excepción con esas facultades tan ilimitadas que venía trayendo", aseveró.
La viabilidad de la reforma se enfrenta a una barrera legislativa en el Senado, puesto que al tratarse de una modificación de rango constitucional, el proyecto requiere la aprobación de cuatro séptimos (4/7) de los parlamentarios, lo que se traduce en un mínimo de 29 votos, pero el oficialismo cuenta sólo con 26 escaños.
Fuente: Cooperativa
