Tras el preconteo del balotaje, Abelardo de la Espriella subió a un vehículo junto a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, para celebrar la victoria.
Ambos iban protegidos por cristales antibalas y vestían la camiseta de la selección colombiana, un gesto que remite al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. De la Espriella le había ganado al senador izquierdista Iván Cepeda por 250.000 votos, menos de un punto porcentual de diferencia, dejando en evdencia un electorado polarizado.
Con ese margen estrecho, Colombia entró en un nuevo ciclo de política interna. El proyecto político progresista del presidente saliente, Gustavo Petro, será reemplazado por otro diametralmente opuesto. El presidente electo construyó su campaña sobre un discurso de seguridad de mano dura e implacabildiad contra las organizaciones criminales.
Abelardo de la Espriella, virtual presidente electo de Colombia, celebró en las calles de Barranquilla este domingo en un carro blindado, para evitar ser víctima de un atentado. pic.twitter.com/GWkPaC4QHR — Ultra Noticias Puebla (@Ultrapuebla) June 22, 2026
Las similitudes con otros líderes de la ultraderecha regional son evidentes. Así como Bukele se autodenominó el “dictador más cool del mundo” y como Javier Milei adoptó al león como símbolo, De la Espriella cambió su usario de X @Delaespriellastyle y eligió “El Tigre” como apodo de campaña.
Bajo la premisa de que con los criminales no habrá negociación, prometió dar por terminados los diálogos de Paz Total -proyecto insignia de Petro, pero con escazos resultados-. Y la estrategia apuntó directamente a una de las mayores preocupaciones de la ciduadanía. La encuesta Invamer de principios de 2026 situó la inseguridad y la violencia como el principal problema del país para el 30% de los colombianos, lo que explica, en parte, su victoria.
Pero es con Bukele con quien De la Espriella traza las líneas de mayor proximidad: ha prometido construir diez megacárceles, habla de recuperar el control territorial por la fuerza y ha declarado que con los criminales no habrá negociación, replicando la retórica con la que el presidente salvadoreño llegó al poder en 2019.
El CECOT en los Andes
Una de las principales propuestas de seguridad de De la Espriella es la construcción de diez megacárceles en zonas remotas del país, inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, con capacidad para 40.000 reclusos.
Sobre esto, la analista en seguridad para Colombia del International Crisis Group, Glaeldys González, adviertió a La Tercera que la apuesta carcelaria tiene un límite estructural. “La mera construcción de más espacios carcelarios no va a resolver problemas estructurales más profundos”, indicó.
“Bajo la lógica de mostrar indicadores de detenciones muy llamativos como forma de medir éxito operativo, se puede llegar a generar nuevos ciclos de violencia y a que muchas personas terminen formando parte de grupos criminales estando detenidas”, siguió González.
El interior del Centro para el Confinamiento del Terrorismo, El Salvador. Foto: REUTERS.
Así, la implementación de megacárceles enfrenta obstáculos concretos. Replicar la tasa de encarcelamiento de El Salvador -equivalente al 2% de su población- significaría poner a más de un millón de colombianos tras las rejas.
Al respecto, el académico constitucionalista colombiano, Rodrigo Pombo, aseguró a La Tercera que “las propuestas programáticas de seguridad son contundentes. Sí van a dar resultados, pero son insuficientes si no se complementan con otras medidas”.
Además de la reversión del modelo carcelario de Bukele, el programa del presidente electo prometió la fumigación para la erradicación de 330.000 hectáreas de coca, la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión y una Primera Línea de Seguridad integrada por veteranos de la Fuerza Pública. Sobre esto, Pombo advirtió que la fumigación aérea puede encontrar obstáculos constitucionales en zonas de frontera y en territorios indígenas o afrodescendientes.
Una realidad criminal distinta
Pero la prinicpal dificultad para importar el modelo salvadoreño a Colombia está en, según apuntaron a La Tercera los expertos consultados, la naturaleza e intensidad del crimen.
Colombia no enfrenta se pandillas urbanas como las que Bukele combatió en El Salvador, sino ejército irregulares fragmentados. El Clan del Golfo, las FARC y el ELN. Todos ellos con miles de soldados, con fuerza militar y operando economías ilegales transnacionales.
Miembros del Clan del Golfo, oficialmente llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Foto: archivo
Respecto a esto, Pombo enumeró las variables que hacen del caso colombiano uno distinto: “Tenemos un conflicto armado de más de 50 años, entre 200.000 y 500.000 armas ilegales circulando por el territorio, producimos el 80% de la cocaína mundial y tenemos fronteras muy porosas en materia de contrabando”.
A lo anterior se suman la minería ilegal y la corrupción en la contratación estatal como fuentes de financiamiento de los grupos armados. Para el constitucionalista, la diferencia respecto de El Salvador es “enorme”.
Por su parte, González enfatizó en el componente transnacional ausente en el modelo salvadoreño: “Estamos hablando de un ecosistema criminal completamente diferente, donde los grupos armados están conectados y forman parte de redes transnacionales de narcotráfico. Los actores criminales colombianos son claves en todo el ecosistema del mercado de cocaína”.
La negociación
La analista de Crisis Group adviertió, además, que la reducción de homicidios en El Salvador tampoco fue producto exclusivo de la mano dura: “Al inicio hubo una negociación con estos grupos, aunque el gobierno lo niegue. Esa ‘mano dura’ tampoco fue solamente eso”.
Pero De la Espriella ha descartado cualquier diálogo con organizaciones armadas, a las que ha calificado de “narcoterroristas” no susceptibles de amnistía ni de indulto.
Pombo defiendió esa postura del presidente electo con argumentos históricos: “Se desmovilizaron 13.000 combatientes en el pacto del expresidente Santos, pero aparecieron tres nuevas guerrillas y el conflicto se recrudeció, no se amainó”.
“Cuando usted decide no negociar con los criminales, no genera falsas expectativas de concesiones del Estado hacia el crimen”, argumentó a La Tercera.
El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. Foto: archivo
González, en cambio, piensa que la acción militar contra las organizaciones ilícitas puede resultar insuficiente y De la Espriella pueda tener que recurrir a los diálogos con ellas. “No descartaría que eventualmente tenga que haber un acercamiento. Él ha hablado de sometimiento, pero ahí también cabe la rebaja de penas para lograr un efecto en la reducción de violencia”. La negociación, añadió la experta en seguridad de Crisis Group, ha sido parte de distintos gobiernos de distintas ideologías en Colombia.
El modelo Bukele no es únicamente una política de seguridad. En El Salvador, la recuperación del control territorial y la lucha contra las Maras vino acompañada de la captura de la Asamblea Legislativa y la destitución de magistrados constitucionales.
Sin embargo, González dudó sobre la posibilida de que esto se replique en el país sudamericano. “De la Espriella no va a tener un cheque en blanco. La institucionalidad colombiana es bastante fuerte y robusta. Además, de su partido y plataforma, solamente tiene cinco congresistas. Va a tener que contar con otras fuerzas políticas en el legislativo, hacer concesiones y llegar a acuerdos”.
Sin embargo, luego adviertió que la falta de mayoría legislativa podría empujar al gobierno hacia otros instrumentos legales para la imposición de las medidas de seguridad. “El riesgo es que acuda a medidas extraordinarias o de emergencia para implementar políticas de seguridad. Lo que hemos visto en El Salvador —estados de excepción que se han vuelto permanentes— ha permitido abusos y violaciones de derechos humanos. Ese riesgo existe y él lo ha asomado en algunas declaraciones”. Bajo el Régimen de Excepción salvadoreño se registrado detenciones arbitrarias, y procesos penales masivos y abreviados.
Los límites de la “mano dura”
La promesa de no negociar con el crimen organizado y las guerrillas deja poco margen de operación para el futuro presidente. Deberá recurrir a la fuerza bruta. Sobre esto, González planteó que la fórmula de choque que el presidente electo ha prometido para los primeros 90 días de su mandato -la recuperación del control territorial- supone una capacidad que las fuerzas militares colombianas no podrían desplegar.
Pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 en el CECOT. Foto: archivo
González advirtió que, debido a esto, el enfoque exclusivamente militar y punitivo tiene límites en su efectividad. “Simplemente no puedes pisar un botón y ya tener capacidades para enfrentar a todos los grupos. Hay un desgaste, un agotamiento de la fuerza militar”, dijo.
Sobre esto, la analista de Crisis Group explicó que la recuperación efectiva del territorio requiere también presencia estatal efectiva sin la cual los grupos armados seguirán reclutando. “La recuperación de territorio no debe ser solo por parte de las fuerzas militares, sino realmente presencia estatal que logre hacer la contención que en algunos espacios los grupos criminales y armados ocupan”, sostiene. Esa contención implica la presencia de servicio estatales como escuelas, atención de salud, oportunidades económicas lícitas que compitan con el reclutamiento.
Sin esa dimensión, sostuvo la analista de Crisis Group, el Estado puede desalojar militarmente a un grupo de un territorio y encontrar que otro lo ocupa en semanas, porque “las condiciones que hacen viable la gobernanza criminal permanecen intactas”.
Al respecto, Pombo concluyó señalando que las similitudes entre De la Espriella y Bukele serían acotadas. “La distinción con Bukele, con Noboa y con cualquier otro es enorme”, sostiene. Las propuestas programáticas, a su juicio, no implicarían necesariamente una copia del modelo salvadoreño, sino una apuesta propia que deberá complementarse para resultar efectiva.
Fuente: La Tercera
